Durante los últimos años se ha hablado mucho de la recolocación de las empresas, una estrategia empresarial –conocida como nearshoring– orientada a favorecer la ubicación de las empresas en los países cercanos, a fin de aprovechar las ventajas de la geolocalización.
Luego se habló de “friendshoring”, para subrayar la ubicación de las cadenas de suministro y la producción industrial, en países considerados aliados políticos y económicos de los Estados Unidos, buscando favorecer relaciones comerciales estables y abatir los riesgos geopolíticos con países como China.
Durante el segundo mandato del presidente Trump, el concepto cambió –muy probablemente en función de cálculos político electorales– para exigir que la recolocación de las empresas sea en territorio estadounidense, así lo declaró el secretario de comercio Howard Lutnick, “la recolocación de las empresas debe ser en Estados Unidos… El presidente Trump no quiere que se construyan autos en México o en Canadá, cuando pueden fabricarse en Michigan o en Ohio”.
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Ante esta nueva perspectiva, que cuestiona nuestra condición de vecinos y aliados, la presión sobre la industria de nuestro país ha sido brutal, particularmente a la industria automotriz, afectada por la guerra comercial, la reclasificación de los componentes de origen; y por la amenaza cumplida de aranceles al aluminio, al cobre y al acero.
El peso de la industria automotriz es fundamental para nuestro país. En 2003 representó el 21.7% del PIB manufacturero. Genera más de un millón de empleos directos y más de 4 millones de empleos indirectos. México es el cuarto productor de autopartes a nivel mundial y atrae más del 50% de la inversión extranjera directa del sector. En 2024, nuestro país exportó casi 3 millones de vehículos que, junto con autopartes y motores, representó el 31% de las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos.
Por ello es tan sensible todo lo que ocurra en el sector automotriz. La noticia del traslado de la planta Nissan Civac, de Morelos a Aguascalientes, es una señal de alarma que debe ser atendida por el gobierno federal como asunto de la más alta prioridad. La pérdida de más de 2,500 empleos en Morelos no significa una pérdida local, pues nada asegura que estos se conservarán en Aguascalientes.
Nissan había anunciado una reducción en su producción global de 3.5 a 2.5 millones de unidades, y su programa Re:Nissan, exigió el ajuste de 17 a 10 plantas en el mundo.
Si bien son cambios globales, su efecto es local. Por lo que México necesita replantear su política industrial, una política integral que incluya el apoyo a los estados afectados por esta nueva recolocación. Por ejemplo, si bien la contracción de la economía estadounidense y los modelos de encadenamiento indican que el país vecino no podrá absorber toda la industria automotriz, nuestro país debe aprovechar su posición como proveedor calificado de autopartes, de no hacerlo, seremos doblemente afectados.
De igual forma, no hay política industrial sostenible que no ponga al empleo digno y productivo como su principal objetivo, por lo que el apoyo a los trabajadores afectados de Nissan y a los de la industrias en riesgo, debe ser una prioridad.
Ante cambios tan significativos, necesitamos una política industrial 4.0.