El secretario de Estado Marco Rubio hará una visita de trabajo a México mañana, se reunirá con la presidenta y el derivado de estas reuniones se ha anunciado que podría incluso firmarse un tratado bilateral en materia de seguridad con nuestro país, algo como la tercera edición de la “iniciativa Mérida” o la segunda parte del “entendimiento bicentenario”
Los resultados de la Iniciativa Mérida estuvieron marcados por claroscuros. La cooperación se dio bajo una fuerte condicionalidad política y operativa, con una dependencia tecnológica y doctrinal de Estados Unidos. A ello se sumó la auditoría permanente de Washington sobre los recursos entregados, supervisados por el infame Government Accountability Office (GAO), que podía frenar los fondos si México no cumplía con las metas impuestas y determinó, tal vez para bien, que los fondos fueran en especie. Detrás estaba una profunda desconfianza hacia las instituciones mexicanas.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, la cesión fue total: procuradores, fiscales y mandos tenían que someterse a controles de confianza en la propia embajada estadounidense. Con Enrique Peña Nieto hubo un giro: se instauró una ventanilla única en la Secretaría de Gobernación para tratar con las agencias norteamericanas. Pero la falta de confianza en Osorio Chong y la erosión de la relación bilateral hicieron que, al final, la medida quedará en entredicho. Incluso ni siquiera era ya invitado a participar en giras internacionales a Estados Unidos o en reuniones bilaterales, se recuerda incluso que el canciller Videgaray tuvo que hacerlas también de enviado en materia de seguridad ante el fiasco que resultó ser el político hidalguense.
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¿Qué hizo Obrador? La discusión tomó un nuevo cauce. En 2021, Marcelo Ebrard respondió a la amenaza del fentanilo proponiendo actualizar el marco de cooperación. El discurso oficial apuntó hacia una visión integral que privilegiaba salud, justicia y comunidades seguras por encima del militarismo. Sin embargo, en los hechos, la militarización se profundizó y las reformas a la Ley de Seguridad Nacional limitaron la operación de agentes extranjeros. La consecuencia fue el debilitamiento de la cooperación y la colaboración y un aumento de la presión de Washington.
El lema de “abrazos, no balazos” nunca fue una estrategia real, sino una narrativa política. En la práctica, dejó un vacío que México pagó caro: no se superaron las asimetrías históricas y, por el contrario, se exacerbó el sentimiento antimexicano y antimigrante en Estados Unidos.
La coyuntura cambió de forma radical con Donald Trump. El expresidente designó a los cárteles como organizaciones terroristas transnacionales y, con ello, abrió la puerta al uso de todos los instrumentos legales, tecnológicos y militares de su país. En menos de ocho meses, la administración norteamericana desplegó capacidades con una velocidad inédita. La presión se volvió estructural y permanente. Incluso se ha llegado a poner sobre la mesa la posibilidad de incursiones directas en territorio mexicano.
En este contexto, México ha intentado mostrar resultados con el esfuerzo conjunto de autoridades federales y locales. La administración de Claudia Sheinbaum, en particular, ha buscado proyectar una narrativa de corresponsabilidad y acción. No obstante, la visita del Secretario Rubio llega para fijar nuevas reglas del juego.
Moneda al aire: Seguridad o sometimiento
Lo que está en disputa no es solo un tratado más, sino la redefinición del marco de cooperación. México enfrenta el dilema de aceptar condiciones que perpetúan la asimetría o de construir un esquema propio que combine seguridad con soberanía. La pregunta es si, esta vez, nuestro país logrará negociar desde la fortaleza o volverá a ceder bajo la presión.