El pasado 15 de septiembre, mientras la atención pública estaba en el Grito de Independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Senado una iniciativa para modificar la Ley de Amparo. Su objetivo es endurecer los requisitos para acreditar el interés jurídico y el interés legítimo, lo que dejaría en estado de indefensión a las personas que necesitan esta herramienta para frenar actos ilegales de autoridad. En lugar de fortalecer derechos, esta reforma se convierte en un instrumento de intimidación y persecución contra quien no se doblega ante el régimen de Morena.
De aprobarse, las personas y colectivos que promuevan un amparo deberán demostrar que son directamente afectadas por el acto que impugnan, lo que reducirá la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y comunidades enteras puedan detener abusos de autoridad, megaproyectos ilegales, normas inconstitucionales, bloqueos de cuentas o expropiaciones.
Un ejemplo contundente es el caso del Tren Maya. En junio de 2020, comunidades indígenas en Chiapas obtuvieron de un juez federal una suspensión definitiva de las obras del Tramo 1 para proteger su derecho a la salud y al medio ambiente. Aunque el gobierno promovió recursos y reanudó la construcción meses después, el amparo fue la única herramienta que logró detener el proyecto de inmediato y obligar al Estado a justificar sus actos ante la justicia. Con las nuevas reglas, casos como este ni siquiera llegarían a los tribunales.
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El amparo actualmente es la principal defensa jurídica que tienen los ciudadanos frente al poder. Es un proceso legal y el escudo que desde 1847 protege a los mexicanos contra actos arbitrarios del gobierno. La propuesta de Morena, en cambio, pretende blindar al Ejecutivo para decidir discrecionalmente en qué casos pueden proceder un amparo y en qué casos no.
Sin mecanismos de transparencia, sin criterios y sin garantías de acceso igualitario a la justicia y la protección de los derechos, esta reforma de Morena le arrebata a los jueces su función de control constitucional y debilita al poder judicial para evitar que frenen excesos por parte del gobierno.
El verdadero debate no es técnico, es político: ¿queremos un Estado con menos límites y una ciudadanía con menos defensas? Si el amparo se convierte en un recurso casi imposible de obtener, los afectados por actos de autoridad quedarán expuestos, sin protección real.
Por ello, el Congreso debe abrir el proceso a un parlamento abierto, escuchar a constitucionalistas, académicos, colectivos y sociedad civil, y evidenciar la intención autoritaria detrás de esta propuesta. Esta reforma no moderniza: protege al gobierno y vulnera a la ciudadanía. Debemos condenar enérgicamente este golpe de Morena al amparo.
Una vez más, el régimen intenta asestar un golpe fatal a la herramienta jurídica más poderosa que tiene cualquier persona en México para defenderse de actos de autoridad que violen sus derechos humanos.
Nuevamente deben encenderse las alarmas en México a pasos agigantados ya que nuestro país se queda sin contrapesos y sin mecanismos jurídicos, para la legítima defensa legal, somos un país con un gobierno desbordado en acciones autoritarias y antidemocráticas.
Es innegable que las y los mexicanos quedaremos a merced de la opresión y los abusos de poder por parte del peor y más perverso gobierno en la historia de México.