La reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa es un proceso simulado, perverso y ruin para manipular las leyes electorales y beneficiar a Morena. Nunca antes las leyes electorales trataban de ser escritas por el partido en el gobierno; por el contrario, eran impulsadas por los partidos políticos de oposición y la ciudadanía en un llamado al gobierno para dar mayor representatividad, pluralidad y voz a todas y todos.
Una verdadera reforma electoral buscaría que ningún partido tuviera sobrerrepresentación en el Congreso Federal y en los congresos locales. Recordemos que, con la sobrerrepresentación, Morena alcanzó la mayoría con métodos inmorales, ilegales y violentos, como sucedió en el pasado proceso electoral, en el que, con ayuda de los tribunales, Morena obtuvo sobrerrepresentación y con ayuda de la impunidad y dádivas compró la voluntad a representantes populares electos por partidos de oposición.
Por ello, una verdadera reforma electoral garantizaría que ningún tribunal electoral pudiera sobrerrepresentar a los partidos políticos, creando candados legales contra la sobrerrepresentación.
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Mayores contrapesos y mayor pluralidad significan más democracia. Por el contrario, el camino a una dictadura inicia cuando se vulneran a las minorías y se eliminan los contrapesos.
Podemos afirmar que, lejos de fortalecer nuestra democracia, esta iniciativa buscará socavar las instituciones, despojar a los ciudadanos de su voz y violentar nuestro legítimo derecho consagrado en la constitución a tener una representación plural.
A México le costó décadas de luchas políticas y sociales construir un sistema electoral confiable y autónomo. Desde 1963, con la inclusión de diputados de partido, se abrió la puerta para que las minorías políticas tuvieran representación. En 1977, la Reforma Política perfeccionó este modelo al establecer la representación proporcional, garantizando que millones de mexicanos no quedaran fuera del Congreso.
En 1990, se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), poniendo fin al control del gobierno sobre las elecciones. La reforma de 1996 otorgó plena autonomía al árbitro electoral y, desde entonces, todas las reformas —hasta 2014— se construyeron con consenso y responsabilidad histórica, entendiendo que nadie debe imponer reglas para beneficiarse a sí mismo.
La progresividad en las leyes es fundamental para garantizar avances. Así lo fueron las reformas antes mencionadas, que permitieron la alternancia política, la ciudadanización de las elecciones, la autonomía de los órganos electorales, el acceso a espacios de representación para las minorías y una mayor representatividad ciudadana. Fueron avances históricos que hoy Morena pretende destruir.
La actual propuesta busca atacar las diputaciones y senadurías plurinominales, las cuales se integran con el porcentaje de la votación obtenido por cada partido político en las elecciones. También busca recortar el financiamiento a los partidos opositores —asfixiando la competencia— y someter a las autoridades electorales a su control —un asalto descarado a la autonomía—. Esto no es una reforma: es un golpe autoritario, mezquino e inmoral que pondría en riesgo la libertad de todos.
Por último, buscará debilitar a la institución garante del sufragio de las y los mexicanos: el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar y validar las elecciones, así como de resguardar los datos de quienes tenemos una credencial electoral, que somos más de 98 millones de mexicanas y mexicanos.
Mientras tanto, Morena tratará de disfrazar esta embestida con foros, encuestas y supuestos “parlamentos abiertos”. En realidad, esto es un montaje para legitimar lo ilegítimo. Morena busca institucionalizar, por la vía legislativa una dictadura disfrazada de democracia, para despojar a los ciudadanos de vehículos de participación democrática como lo son los partidos políticos para perpetuarse en el poder a la mala como un partido de Estado.
Es por ello, que las instituciones democráticas deben permanecer libres de la manipulación del Ejecutivo y del partido en el poder. Renunciar a ellas por una artimaña de un gobierno autoritario sería un suicidio democrático.
Defender al INE, la representación proporcional y el financiamiento de partidos es defender la democracia misma. Quien justifique o defienda la reforma del régimen autoritario de Morena se convertirá en cómplice de un gobierno que quiere instaurar una dictadura y violentar la voluntad popular.
Hoy más que nunca debemos recordar que la democracia no se regala: se defiende con carácter y con valentía.