Son diversos los motivadores de un potencial aumento de la impunidad en México: atribuciones ampliadas a corporaciones militares, eliminación de órganos autónomos y con ello de contrapesos informativos, una reforma judicial que —al instaurar la elección popular de jueces y ministros— provoca una mayor alineación política del aparato judicial con el gobierno. Y a todo ello se sumará una reforma electoral que sería, será, la pieza faltante para la conformación del nuevo régimen autoritario mexicano.
IMPUNIDAD Y CENSURA EN MÉXICO
La impunidad de las autoridades en México —entendida como la falta de consecuencias por actos de corrupción, ejercicio abusivo del poder o violaciones a derechos humanos— depende en gran medida de mecanismos que silencian la denuncia y la investigación periodística, creando un ciclo vicioso donde la censura no solo protege a los perpetradores, sino que también se retroalimenta de la ausencia de mecanismos para la rendición de cuentas. La impunidad en México, como en cualquier lugar, requiere censura para evitar que la prensa exponga redes de corrupción en los gobiernos o vínculos con el crimen organizado, lo que podría desencadenar investigaciones judiciales o presión social.
Es por ello que autoridades o grupos afines usan en primer término la censura institucional, retirando publicidad oficial a medios no afines o limitando el acceso a información pública. Pero estas conductas pueden escalar a ataques físicos, desapariciones o intimidaciones para inducir autocensura. A ello ahora se suma el acoso judicial y legal, mediante demandas por difamación o uso de leyes ambiguas para hostigar a reporteros. De esta manera, se construye un ciclo donde la impunidad genera más censura y la censura perpetúa la impunidad, al reducir la transparencia.
Te podría interesar
LA REFORMA JUDICIAL Y LA CENSURA
Las reformas judiciales aprobadas en 2024, que entraron en vigor en 2025 con la elección popular de jueces, magistrados y ministros, han sido criticadas por debilitar la independencia judicial, lo que podría exacerbar la impunidad y fomentar nuevas formas de censura. Las reformas realizadas al Poder Judicial pretendidamente buscan combatir la corrupción mediante elecciones directas, pero muy diversos analistas argumentan que politizan el sistema, favoreciendo a candidatos alineados con el partido en el poder.
Como saldo de la reforma judicial se tendrían entonces jueces politizados, que al ser electos por el voto popular dependerán de campañas financiadas por intereses políticos o económicos, lo que podría llevar a fallos sesgados que protejan a autoridades corruptas. Los nuevos juzgadores, potencialmente alineados con el gobierno, podrían facilitar demandas por daño moral o difamación contra periodistas, alineándose con lo ocurrido en casos recientes de censura legislativa. Además, la reforma directamente reduce la autonomía del Poder Judicial, lo que podría alimentar la censura, al limitar los recursos formales para proteger la libertad de expresión.
¿QUÉ HACER ANTE LA CENSURA?
Frente a este panorama, los comunicadores y la sociedad en general pueden adoptar estrategias activas para contrarrestar la censura, enfocándose en la definición de mecanismos de defensa, el recurso a redes de protección para documentar agresiones e impulsar el apoyo internacional e incluso en la movilización popular, especialmente ante reformas que amenazan la libertad de expresión, generando espacios donde la sociedad civil pueda exponer temas como las formas de impunidad y autoritarismo que emerjan y exigir transparencia mediante peticiones de información pública y presionar por la vigencia de reformas protectoras de la prensa, evitando retrocesos democráticos.
Empero, es difícil saber la propensión que realmente tenga la sociedad para apoyar activamente estas causas. Si el enfado y la búsqueda de contención de nuevos mecanismos de censura por parte de analistas y comunicadores apegados a los principios liberales no encuentran apoyo para una movilización efectiva de la población, serán banales los esfuerzos y la censura paulatinamente carcomerá los sustratos para una vida efectivamente democrática. Es bien sabido desde hace un siglo que las comunidades pueden permanecer e incluso cooperar con regímenes que anulen las libertades civiles e instauren un autoritarismo que siempre se negará a dar la cara y reconocerse como tal.