La presidenta Sheinbaum instaló una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral mediante un decreto publicado el cuatro de agosto. La encabezará el otrora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.
La Comisión tendrá por objeto convocar al pueblo para que este se pronuncie sobre la reforma electoral que conviene a México, hacer estudios, elaborar propuestas, constituir grupos de trabajo y emitir su normatividad interna. Tendrá cuatro representantes de la Presidencia de la República, y otros de Gobernación, de la Consejería Jurídica y, cosa rara, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El decreto omite plazos, temas concretos o reglas de funcionamiento. No obstante, ya adelantó la presidenta tres puntos que abordará la reforma: el dinero para los partidos políticos, los legisladores plurinominales y la estructura de la autoridad electoral.
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Suenan tendenciosas algunas preguntas sugeridas en la mañanera para la encuesta que se hará a población abierta. ¿Qué opinas de que los partidos se lleven tantos miles de millones de pesos? O ¿Qué opinas de los plurinominales? No se necesita ser máster en las artes del abracadabra para saber que la primera trae jiribilla, y que a la segunda poca gente sabría qué responder.
Si las preguntas buscan llevar al terreno del debate lo que ya se sabe que se quiere debatir, mejor ahorremos el teatro y entremos a la reflexión de forma seria sin sesgos y sin fobias, pero también sin respuestas por adelantado.
En lo particular, me parece apremiante discutir la simulación del dinero en los procesos electorales. Eso que todo mundo sabe pero nadie parece estar dispuesto a hacer gran cosa.
El dinero en las elecciones mexicanas tiene dos carriles: el formal y el informal. En el primero, los partidos reciben su financiamiento público, asignan recursos a sus candidatos, estos luego se fiscalizan, se entregan comprobantes, facturas y bitácoras correspondientes y, salvo casos graves, todo queda en santa paz. Una perfecta obra en papel.
En el segundo carril está el de la simulación. Por ahí es donde se cuela dinero que llega en sobres de efectivo o apoyos en especie que compran despensas, pintan bardas, trasladan gente, pagan camiones y sirven como prebendas de movilización territorial. Es la vida paralela de las precampañas y campañas electorales. Los aspirantes luego se dicen “sorprendidos” por el apoyo “espontáneo” que reciben del pueblo y hasta les piden “abstenerse” para que no les generen problemas con la autoridad electoral.
Si bien el dinero es una de las cosas principalísimas a revisar en una eventual reforma electoral, lo primero es reformar la simulación que nos cuesta mucho tanto al erario como a la legitimidad de las elecciones. Que grupos económicos, lícitos o no, metan dinero a las campañas cada tres o seis años, generan un efecto que distorsiona y lastima las reglas de la democracia. Esto no empezó hace seis o doce años. Las estructuras paralelas del dinero electoral forman parte de la debilidad y simulación democrática de México.
Por ello, en lugar de lanzar preguntas para encuestas a modo, una Comisión que de verdad sirva necesita de análisis serios, colectivos y plurales de los déficit democráticos que padecemos.