El fenómeno es recurrente. Las acciones que se interpretan como judicialización de la política se convierten en noticia o escándalo por diversas razones. Las más importantes están relacionadas con la intención de intimidar, debilitar o aniquilar al adversario, o para desviar la agenda pública.
Durante las últimas semanas surgieron y resurgieron casos que cumplen con todos los elementos de cómo se judicializa la política. Desde la reactivación de solicitud de desafuero del presidente del PRI, Alejandro Moreno, hasta la liberación de Israel Vallarta, quien permaneció preso por casi veinte años —acusado de secuestro— sin que se le sentenciara en todo ese tiempo.
Por supuesto que no hay novedad. El viejo modelo se incrustó sin problema en la democracia moderna y se acentuó con las campañas negras y los escándalos políticos que se expanden por los medios digitales y las redes sociales, como si fueran un virus altamente contagioso. Sin embargo, no siempre funciona. En el nuevo ecosistema de comunicación política puede resultar contraproducente.
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La judicialización de la política terminó beneficiando, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No importó si los diversos cargos en su contra eran verdaderos o no. Logró la victimización. Por eso las acusaciones falsas, los retrasos en el debido proceso o los castigos infundados también pueden revertirse a quienes los consideran un recurso indispensable dentro de sus estrategias.
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Existen varias definiciones e interpretaciones de lo que es la judicialización de la política. Sin embargo, parece haber acuerdo en que se trata de una táctica que utiliza los fundamentos y herramientas judiciales para restringir o destruir la posición de poder de un personaje político.
También hay quienes señalan que se trata de una confrontación con acciones legales de por medio, por lo que su esencia es pragmática, justificada y legítima. Pero esto no es todo. Para que cumpla con sus objetivos, unos y otros aseguran que debe tener un fuerte impulso mediático para que sea realmente efectiva.
En otras palabras. Si la información no llega a las audiencias objetivo, simplemente no existe y es una pérdida de recursos y tiempo. La estigmatización frente a la opinión pública se convierte, así, en propósito y meta, en condena desfavorable y hasta en acoso o extorsión.
Si bien es cierto que en algunas situaciones se puede configurar un abuso de poder, también lo es que, mal manejado, se puede convertir en un riesgo para quien lo promueve, sobre todo cuando no se respetan las garantías procesales que rigen a los procesos judiciales. De lo que no hay duda es que, en uno u otro caso, se atenta contra los principios y valores de la democracia.
Otra forma de judicializar la política es la relacionada con la participación premeditada, sesgada y maliciosa de algunos funcionarios del Poder Judicial. Esto sucede cuando emiten resoluciones que tendrán repercusiones políticas, estén o no apegadas a derecho. La clave está en el manejo de los tiempos, en el alcance de sus decisiones y en la difusión que le dan a éstas a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Aún más. También se judicializa la política cuando los tribunales emiten pronunciamientos relacionados con los derechos humanos o sociales, a partir de la supremacía que les otorga la Constitución. Lo hacen, por ejemplo, al tratar de interferir en temas de políticas públicas o al beneficiar a ciertos intereses ideológicos o partidistas. También cuando retrasan en forma premeditada los procesos judiciales.
Y existe una tercera vía, protagonizada por los grupos o movimientos sociales, cuyo activismo se dirige a las diferentes instancias del Poder Judicial para incidir en causas como la libertad de expresión, la defensa de los derechos de las mujeres o la ecología, entre muchas otras. Está claro que la izquierda inició este tipo de movilizaciones. Pero hoy, se expresan desde cualquier espacio del nuevo espectro político.
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No cabe duda. En un régimen democrático, además de legal es obligatorio denunciar los delitos. Lo que resulta cuestionable es que se haga para sacar ventaja de la situación o tratar de derrotar a un adversario, de manera particular si se manipulan los tiempos, recursos políticos y circunstancias. Pero lo peor, es cuando las acusaciones son falsas.
Con base en estas consideraciones, podríamos concluir que la judicialización de la política es una táctica de perder-perder. En el marco de las estrategias de comunicación política tendría que cambiar el paradigma, porque lo que se busca no es evitar la denuncia y castigo de quienes cometen algún delito. Es no utilizar el recurso porque, a final de cuentas, se está haciendo una campaña sucia.
Que no se olvide: quienes recurren a este tipo de estratagemas, no sólo demuestran sus limitaciones para hacer política. Se alejan de los más elementales valores de la ética y, por lo tanto, terminan erosionando la democracia. Se olvidan que la confrontación y el debate con hechos sólidos y argumentos no pueden ser sustituidos por las riesgosas guerras jurídicas en el espacio público.
Recomendación editorial: Jorge Luis Chuquimarca. Judicialización de la política. Quito, Ecuador: CEP, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2023.