Pasaron 19 años y ocho meses para que la jueza mexicana, Mariana Vieyra Valdez, dictara por fin una sentencia absolutoria a Israel Vallarta. Concluyó que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó la participación de Israel Vallarta en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército ni privación ilegal de la libertad.
Para gran parte de la sociedad mexicana fue una sorpresa la liberación de Vallarta, ya que no se tenía conocimiento de la fecha en podría ser dictada la sentencia. De primera instancia, para asombro de muchos, que no fue por la resolución que ya se esperaba fuera absolutoría aun con las presiones mediáticas y de la misma Fiscalía General de la República que insiste en su culpabilidad, la extrañeza se da por el momento. Los que estuvimos atentos al caso esperábamos que pudiera obtener beneficio de libertad para continuar su proceso en libertad en lo que se resolvía la causa penal.
Se entiende el contraste de opiniones que existen por parte de algunos sectores de la sociedad, algunos aplauden la resolución, otros la critican… pero lo que queda claro es que no podemos seguir viviendo en un sistema de investigación e impartición de justicia que tarda casi 20 años en emitir una sentencia de primera instancia. Donde más allá de las opiniones personales que cada quien tenga, la ley se debe aplicar a todos por igual.
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Algunos periodistas, luchadores sociales, abogados y opinólogos aseguran que Israel Vallarta no es inocente, que simplemente la Fiscalía General de la República no pudo demostrar su culpabilidad y es aquí donde parece que sus sentimientos y forma de pensar nubla su capacidad de interpretación y aplicación de la leyes.
La ley es muy clara, tal como lo señala el artículo 20 apartado B, fracción I de nuestra Constitución Política, al señalar que toda persona será considerada inocente hasta que no exista una sentencia definitiva que así lo comprueba. De igual manera el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 13 expresa que toda persona se presume inocente hasta que no sea sentenciada de forma definitiva. Incluso el artículo 11 de la Decoración Universal de los Derechos Humanos señala la presunción de inocencia como un derecho universal de todas las personas sin importar el delito que se le impute, por lo que queda claro que al emitirse una resolución por una Jueza Federal donde lo absuelve de todos los cargos que se le imputaban a Israel Vallarta es declarado inocente. Nunca perdió la presunción de inocencia por los delitos que le imputaban y esto no es una opinión, es lo que explícitamente dice la ley y como se interpreta.
Queda también claro que este caso, como muchos otros cientos más, demuestran que durante años, décadas, la ley se torcía para imputar falsos delitos a los ciudadanos y que las instituciones de procuración de justicia, así como los órganos judiciales estaban al servicio del poder, prestándose a la simulación, la tortura, la prueba y testimonio falsos, con el único interés de quienes ostentaban el poder de destruir la vida de cualquier ser humano por el supuesto bien común, cuando en realidad manipulaban la ley, la justicia, a la opinión pública. Por si fuera poco, eran premiados y beneficiados con ascensos y mejores puestos. Eso sucedía en ese México que todos queremos que se vaya para siempre y jamás vuelva.
Por último, podemos estar de acuerdo o no, pero no podemos vivir en un país donde deben pasar casi 20 años para que una persona reciba sentencia, Merecemos certeza jurídica, mejores instituciones, mejores funcionarios y mejores medios de comunicación.