La noticia de la semana fue la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán López en una corte de Estados Unidos, donde aceptó declararse culpable de cuatro delitos: conspirar para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, dentro de una empresa criminal internacional, aceptando además ser uno de sus principales líderes. Se menciona que admitió haber coordinado la entrada ilegal de cargamentos de estas drogas en cientos de kilos de forma ilegal desde México, utilizando aviones, trenes, túneles y vehículos, utilizando la violencia contra las fuerzas policiacas y militares de nuestro país y contra delincuentes rivales. Reconoció haber lavado dinero de las ganancias de sus actividades ilícitas haciendo uso de diferentes medios bursátiles nacionales y extranjeros, así como activos virtuales como criptomonedas. Se comprometió a pagar una cantidad de $80 millones de dólares como reparación al gobierno norteamericano.
Dentro de la negociación tendrá que dar información sobre las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa, así como socios y personas de interés que apoyaran las actividades de la organización criminal (políticos, empresarios, etc.).
Se dio fecha para que los fiscales federales y las agencias de seguridad e investigación puedan corroborar la información y realizar acciones para frenar las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa, por lo que dependiendo de la calidad e importancia de la información, será la solicitud de sentencia de los fiscales.
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Todo parecería un acuerdo entre la fiscalía de Estados Unidos y un criminal que busca un acuerdo para mejorar sus condiciones y sentencia, si no fuera por el hecho de que Ovidio Guzmán López, es el líder de uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo, que además fue designado como un grupo terrorista internacional por el gobierno del presidente Trump. Lo que cuestionó la presidenta de México doctora Claudia Sheinbaum, ya que pregunto cómo es posible que los vecinos del norte lleguen a un acuerdo con un terrorista internacional de acuerdo a sus propias leyes, y que además le den consideraciones especiales para el trato de residencia y nuevas identidades de 17 de sus familiares directos.
Pero los cuestionamientos de la presidenta de México no fueron contestados por ninguna autoridad de Estados Unidos. El que utilizó el tema fue el abogado de Ovidio Guzmán López: Jeffrey Lichtman, quien justificó el hecho de que Estados Unidos de Norteamérica llegara a un acuerdo de cooperación con un terrorista internacional confeso dedicado al narcotráfico, porque no le tienen confianza al gobierno de México. Esto porque con el General Cienfuegos lo único que hicieron fue traerlo a nuestro país para exonerarlo, violando el tratado de extradición que existe entre México y Estados Unidos, al publicar información confidencial de la acusación en contra del ex secretario de la defensa, justificando de esta manera el incumplimiento de los vecinos del norte al tratado signado entre ambos países.
La cosa no hubiera pasado de una mera anécdota si no es por el hecho de que la presidente doctora Claudia Sheinbaum, contestó a un post del abogado en redes sociales de la plataforma X (antes Twitter) lo que le dio mayor trascendencia al comentario. Más cuando el abogado de Ovidio señaló que la presidenta de México está disgustada por sus comentarios y que puede convocar todas las conferencias de prensa que quiera, pero que actúa como el brazo de relaciones públicas de una organización criminal, amenazando con decir más al respecto.
El día lunes 14 de julio en la tradicional mañanera del pueblo, la doctora Claudia Sheinbaum mucho más a su estilo, dijo que no va a entablar diálogo con el abogado de un narcotraficante, y comentó que por recomendación de la consejería jurídica presentará una demanda en los tribunales de México por daño moral por difamación, ya que señala de posible corrupción al gobierno de México por el caso del General Salvador Cienfuegos, quien fuera acusado de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos y que al ser extraditado a México fue absuelto de todos los cargos.
Por último, hay que mencionar que el caso del ex secretario de seguridad pública del estado de Tabasco no es cosa menor, ya que desde el 2019 existían reportes de inteligencia militar que lo relacionaban con el crimen organizado y aun así fue designado como secretario del estado por el que era gobernador del estado Adán Augusto López.
Hay que recordar que los informes de la 30/a zona militar señalaron que la barredora era conformada por mandos policiacos estatales y municipales, que en su momento estaban aliados con el CJNG y posteriormente rompieron dicha alianza. El General Héctor Francisco Morán González, en una conferencia de prensa donde se encontraba el gobernador señaló que la violencia en el estado de Tabasco era generada por jefes policiacos que formaban parte de estos grupos criminales y que posteriormente interrumpió a un reportero cuando quiso cuestionar al comandante de la 30/a zona militar, señalando que el jamás dejaría poner su nombre y dignidad en entredicho por criminales con uniforme, ya que fue conocido el enfrentamiento que existió entre el General Francisco Morán comandante de zona y el Secretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, derivado de los trabajo de inteligencia donde se encontró información, fotografías y datos bancarios de depósitos a nombre del secretario de seguridad por el personal militar, y que fue dado a conocer por la Fiscalía General de la República por la denuncia presentada por las autoridades militares.
Hoy el tiempo le da la razón al general Héctor Francisco Morán González, quien puso su renuncia sobre la mesa debido a que él no podía trabajar con un criminal como Bermúdez Requena, quien no solo era un corrupto jefe policiaco, si no que era el verdadero criminal.