Colombia nunca deja de sorprender. La sentencia de 12 años de prisión dictada al expresidente Álvaro Uribe el pasado viernes, pone de manifiesto varios asuntos en el continente. El primero es que el caso del expresidente Uribe se da un contexto en el que los sistemas judiciales están en entredicho, pues sin duda, es la primera vez en la historia de Colombia que un exjefe de Estado recibe una condena penal, al tiempo que representa una señal de cero impunidad a la élite política del país, la cual empoderó a fuerzas letales responsables de los peores horrores que ha padecido Colombia en sus más de 60 años de guerra. Por otro lado, el regreso de Uribe al primer plano de la política colombiana, pese a las circunstancias, refleja una vez más la polarización en Colombia.
Sobre esto último quiero enfocarme, pues 2026 será un año políticamente ajetreado, ya que en marzo habrá elecciones legislativas, y en mayo y junio se realizarán las dos vueltas de la elección presidencial, comicios en los que, hasta esta semana, la izquierda se veía más organizada, pero sin los números para repetir en la Casa de Nariño.
A un año de concluir el mandato del presidente Gustavo Petro, las expectativas de reformas sociales en su mayoría se han visto defraudadas y aunque a decir verdad a menudo han sido bloqueadas por un Congreso estructuralmente conservador. No obstante, el gobierno de Petro sí ha cubierto algunas expectativas de una mayor justicia social, como las reformas pensional y laboral. Por ejemplo, la reforma pensional aprobada en junio de 2025 intenta mejorar los sistemas de pensiones públicos y privados, y amplía el acceso a ellos para las personas de bajos ingresos.
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Por supuesto, no hay que omitir que la personalidad de Gustavo Petro poco le ayuda, ya que su presidencia se ha caracterizado por la desorganización y un vaivén de funcionarios de su gabinete, lo que claramente ha perjudicado la gobernanza en su administración. A esto se le suma una violencia política persistente en las zonas rurales, donde continúan los asesinatos de exguerrilleros desmovilizados y líderes comunitarios, y recientemente en Bogotá, el atentado contra Miguel Uribe, senador de derecha y precandidato a las elecciones presidenciales de 2026, que lo dejó herido gravemente.
A favor de Petro se puede considerar que parte de la oposición política, particularmente, el partido político Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, en este momento se encuentra en búsqueda de un candidato que le permita llegar unidos a los comicios para contener a la izquierda. Hasta este momento, la condena al expresidente ha sido utilizada para alimentar la retórica de una conspiración de la izquierda para mantenerse en el poder, lo que haría pensar que la derecha podría finalmente unirse en torno a una figura prominente. Sin embargo, el escenario se hace más complejo si se considera la experiencia del 2022, en la cual la presencia disruptiva de Rodolfo Hernández, candidato independiente, puso de manifiesto el hartazgo de los colombianos con los partidos tradicionales. En esta ocasión, Vicky Dávila, que ha tenido una gran presencia en medios, ha retomado la estafeta de Hernández y ha logrado posicionarse entre las opciones del electorado.
Con este escenario en mente ¿cuáles son las perspectivas en Colombia para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026? Tanto en los comicios legislativos de marzo como en los presidenciales, parece que serán desfavorables para la izquierda colombiana si no logra atraer más votos. Paradójicamente, esto no implica que la derecha gane las próximas elecciones. En el contexto colombiano, los partidos de centro se convertirán en el fiel de la balanza y podrán influir en los planes de gobierno, así como en sumar los votos restantes para alcanzar la presidencia. Quizás el gran legado de Petro, gane o no su movimiento, será el fin del conservadurismo colombiano, que tristemente hizo de Colombia el tercer país más desigual del mundo, con un clasismo y pobreza estructurales.