El 1 de septiembre dará inicio una de las etapas más complejas para el periodismo en México.
Mi pesimismo se basa en dos hechos y una declaración política que no dejan lugar a la esperanza. El primer hecho es la llegada, a partir de ese día, del nuevo Poder Judicial fruto de la operación política de los acordeones, que colonizó a esa institución con personas afines a Morena y al gobierno federal.
El segundo hecho es el reporte de Artículo 19, “Las leyes como mecanismo de censura” presentado esta misma semana, que muestra que tan solo en lo que va de 2025 se han registrado 51 acciones legales en contra de periodistas. Se trata de una ofensiva sin precedentes que revela que, a las presiones previas sobre los medios —en forma de condicionamiento de la publicidad oficial, auditorías fiscales, amenazas y violencia—, ahora se suma el uso de la ley como mecanismo de control sobre lo que se puede publicar o no en los medios de comunicación. Misma práctica, por cierto, que Reporteros Sin Fronteras documentó en julio en Estados Unidos.
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Esta conducta, que ya se presenta sobre todo en el ámbito local, puede extenderse, como lo augura el mensaje publicado en X en el que Beatriz Gutiérrez Müller celebraba que con los nuevos jueces “entrará en funciones el nuevo Poder Judicial y está la opción real de denunciarlos (a los periodistas) y que se haga justicia”. Una confesión de expectativas que difícilmente está solo en la cabeza de quien publicó ese tuit.
Prueba de ello es la reciente columna de Sabina Berman —también cercana a la 4T— llamando abiertamente a ejercer un mayor control, con sanciones, sobre los medios de comunicación. Un texto que transparenta lo que piensa buena parte del actual grupo gobernante.
Con estos antecedentes, es lógico pensar que vendrán más denuncias contra medios y periodistas que tendrán un doble propósito: por un lado, castigar a personas concretas por atreverse a vigilar al poder; por el otro, generar un efecto disuasivo, de tal forma que la próxima vez que alguien busque denunciar un vínculo sospechoso, un patrimonio inexplicable o una conducta indebida, se lo piense dos veces antes de publicar, sabiendo que podría enfrentar procesos legales costosos y largos ante un Poder Judicial parcial.
¿Qué hacer frente a este escenario? Tres acciones concretas:
Primero. Construir recursos de defensa jurídica para periodistas perseguidos. Si bien en varios casos ya existen precedentes de despachos que han acompañado pro bono a periodistas acusados, es necesario fortalecer esos mecanismos —desde ONG, universidades, fundaciones o despachos— para que nadie se sienta desprotegido.
Segundo. Amplificar los contenidos de las notas que generen persecuciones a través de redes sociales y medios de comunicación, de tal suerte que se produzca un efecto Streisand, es decir, que los intentos de censura terminen generando más atención sobre los temas que se busca silenciar; tal como ocurrió con el ya célebre caso de #DatoProtegido.
Tercero. Fomentar un mayor sentido de solidaridad entre los medios de comunicación, de modo que emprendan acciones de defensa de manera conjunta. Una medida que suena lógica pero que es difícil y poco probable, dada la tendencia de las empresas de medios a defender únicamente sus propios intereses.
Estas tres acciones pueden ayudar a construir una resistencia frente a la nueva tendencia que ya está en marcha y que, de confirmarse, podría constituir el mayor retroceso en décadas para el periodismo y la libertad de expresión.
El nuevo tiempo está por comenzar. Habrá que ver si, desde la ciudadanía y el periodismo, se entiende la nueva realidad y se reacciona a tiempo.