Desde que detuvieron a Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa hace poco más de un año en Texas, se ha especulado mucho sobre la información que podría revelar respecto a los vínculos del crimen organizado con el poder político y económico del país. Sin embargo, hasta el momento únicamente se ha difundido el contenido de una carta en la que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en su captura en México y traslado a Estados Unidos -en circunstancias que a la fecha siguen siendo poco claras-, así como en el asesinato del ex presidente municipal de Culiacán y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, pero no han trascendido más nombres de funcionarios corruptos.
Este lunes, Zambada se declaró culpable ante un tribunal federal de Nueva York por tráfico de drogas como cocaína, heroína y fentanilo, lavado de dinero y uso de armas, con lo que por un lado evitó someterse a un juicio público, pero con ello también renunció a su derecho de apelar la sentencia que probablemente será de cadena perpetua. Aunque no se conocen todos los detalles del acuerdo de culpabilidad al que llegó con las autoridades de Estados Unidos, y tampoco la información que les ha proporcionado en todo este tiempo. Incluso su abogado señaló que no habrá cooperación y que “El Mayo” no va a hablar de nadie -lo que desde luego puede cambiar si le conceden algunos beneficios-. No se debe restar importancia al reconocimiento que hizo respecto a que desde sus inicios en el narcotráfico en 1969, y particularmente al convertirse en uno de los líderes del Cártel, acumuló una fortuna de 15 mil millones de dólares, y pudo actuar con libertad gracias a los sobornos a mandos militares, policiacos y a políticos durante más de 50 años.
Es decir, durante más de cinco décadas, las autoridades de nuestro país no tocaron a uno de los criminales más buscados a nivel mundial no solo por su habilidad y bajo perfil con que se manejó, sino sobre todo por las amplias redes de corrupción y complicidad que tejió a partir de una importante derrama de dinero. Ante ello es obligado preguntarse a qué niveles llegaron los sobornos, ¿cuántos funcionarios federales, gobernadores, presidentes municipales, comandantes de zona, secretarios de seguridad pública y procuradores/fiscales recibieron dinero a cambio de protección? ¿cuántas campañas políticas apoyó con recursos ilegales?
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Seguramente si decidiera revelar esta información le haría un gran servicio a México al que tanto ha dañado durante su larga carrera criminal, ya que si bien su captura poco o nada va a mermar el enorme poder que siguen acumulando las organizaciones delincuenciales en nuestro país, podría ayudar a conocer con mayor precisión cómo se articulan estas redes de protección y por ende a su desmantelamiento, sin las cuales sus márgenes de operación se verían seriamente afectados. Debemos tener claro que la permanencia de estos grupos no se podría explicar únicamente por las ganancias que obtienen de sus actividades criminales o por la violencia que ejercen dada su capacidad de fuego, sino por la corrupción de supuestos servidores públicos que se enriquecen a costa del dolor de miles de personas y de sus familias, lo que los convierte también en criminales al igual que su encubrimiento por cálculos políticos. Si realmente queremos recuperar la paz y tranquilidad de la sociedad, es indispensable que de una vez por todas nuestro gobierno, sin distingo de colores o ideologías, haga lo que le toca en la investigación y captura de quienes se han puesto al servicio del crimen organizado.