Tres mujeres murieron este fin de semana en el incendio de un centro de rehabilitación en Monterrey. No fue un accidente, sino la consecuencia de un sistema que, en nombre de la “rehabilitación”, encierra y castiga en lugar de cuidar. Las mujeres que consumen drogas enfrentan violencias diferenciadas, y la tragedia revela la urgencia de abandonar el paradigma punitivo y apostar por políticas de reducción de daños con perspectiva de género.
En México proliferan los llamados “anexos”, muchos de ellos irregulares, sin personal especializado ni condiciones mínimas de seguridad. La propia Comisión Nacional contra las Adicciones ha exhortado a denunciar irregularidades que incluyen internamientos forzosos, encierros prolongados y uso de violencia como método de corrección. En estados como Jalisco, investigaciones periodísticas han documentado torturas y hacinamiento, confirmando que se trata de espacios que funcionan en los márgenes de la ley.
Como subraya la antropóloga Bia Labate, el verdadero objetivo de muchos centros es “corregir y normar” a través de la violencia, más que acompañar procesos de salud. Lo ocurrido en Monterrey es entonces una consecuencia estructural de un sistema que externaliza la atención sin garantizar derechos ni supervisión.
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Mujeres y consumo: violencias diferenciadas
El impacto en las mujeres es aún más grave. Investigaciones del proyecto A War on Women Who Use Drugs (DUPI, 2022) muestran que las mujeres usuarias enfrentan un doble estigma: por consumir y desafiar los mandatos sociales asociados a la maternidad y la feminidad. Ello se traduce en violencia institucional, discriminación en servicios de salud y mayor riesgo de perder la custodia de sus hijos.
Informes de organismos internacionales como la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) (Women Who Use Drugs, 2018) y la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (Women and Drugs, 2020) muestran que las mujeres usuarias de drogas tienen menos acceso a servicios de reducción de daños, en parte por el miedo a perder la custodia de sus hijos, la exposición a violencia de pareja y la discriminación institucional.
Estos mismos informes advierten que los programas de atención y reducción de daños están diseñados casi siempre para hombres. Esto excluye a las mujeres o las expone a riesgos adicionales, por lo que muchas evitan acercarse a servicios de apoyo por miedo a ser castigadas en lugar de recibir ayuda.
En México, organizaciones han documentado cómo la criminalización del consumo se traduce en violencia doméstica, exclusión de servicios de salud y mayor riesgo de detención arbitraria.
Alternativas antipunitivistas
Desde la perspectiva antipunitivista feminista, autoras como Mariame Kaba (2021) han señalado que las respuestas basadas en encierro y control no solucionan problemas sociales, sino que los profundizan. Los anexos reproducen lógicas carcelarias: buscan quebrar la voluntad y generar obediencia, no restaurar autonomía ni ofrecer acompañamiento digno.
La evidencia internacional en reducción de daños demuestra que existen alternativas eficaces: programas de sustitución con metadona o buprenorfina, intercambio de jeringas y espacios de consumo supervisado reducen riesgos de sobredosis, transmisión de infecciones y mortalidad, además de facilitar el acceso a servicios de salud. Sin embargo, en México persiste la tendencia a privilegiar centros de encierro en lugar de políticas basadas en evidencia y derechos.
Urgencias tras Monterrey
El incendio de Monterrey obliga a replantear la política de drogas en el país. No basta con “regularizar” los anexos, se requiere un cambio de paradigma: Prohibir y sancionar el internamiento involuntario, que constituye una violación a derechos humanos. Fortalecer la red pública de salud mental y reducción de daños, con servicios accesibles, seguros y dignos. Incorporar perspectiva de género en todos los programas, atendiendo la maternidad, la violencia de género y la autonomía de las mujeres. Supervisar y clausurar centros que operan con violencia, garantizando condiciones básicas de protección civil y respeto a la dignidad.
El incendio no fue un accidente inevitable: fue el resultado de políticas que castigan en lugar de cuidar. Urge que el Estado deje de delegar en espacios violentos la responsabilidad de la salud pública y apueste por modelos que reduzcan riesgos y respeten derechos.