Sucede en todas las democracias, pero más en los países autoritarios. El abandono o postergación de obras absolutamente indispensables para la población sigue siendo frecuente, a pesar de las tragedias y de los problemas severos que provocan este tipo de decisiones.
En algunos países, el fenómeno se ha normalizado. La rentabilidad política se impone y un elevado número de gobernantes priorizan las obras que lucen bien, que aparentan cubrir necesidades básicas de algunos grupos, que cuestan menos y que se realizan en plazos cortos.
El dilema que surge entre los políticos al decidir entre la rentabilidad inmediata y la utilidad de largo plazo es inevitable. No sólo ponderan si el pragmatismo sigue siendo la mejor opción, sino que evalúan los costos negativos que pueden tener las grandes obras “invisibles” para la sobrevivencia de sus partidos o grupos de interés.
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En varios casos, la obtención de popularidad inmediata se impone. La razón es obvia. Las obras que no se ven, no dan votos. No son noticia. Y nunca se podrán comparar con los beneficios directos de los programas sociales. Por el contrario, las obras “populares” o “de relumbrón” se comunican rápidamente, se ven frecuentemente y crean la percepción de que se está trabajando bien en favor de la sociedad.
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Las obras populares también generan aplausos. Son “inaugurables”. Algunas lucen y causan buena impresión. No importa que duren poco. En situaciones difíciles —en las que el conflicto afecta la buena imagen de los políticos— resultan muy útiles para desviar la atención y sí, también para atacar a los adversarios.
Las obras de rentabilidad inmediata terminan por afectar la calidad de vida de millones de personas, aunque muchas sean necesarias. Y las que más dañan son las que responden a intereses clientelares y a necesidades coyunturales. En otras palabras, funcionan “bien” mientras mantengan altos los números de popularidad de las encuestas.
El dilema de los políticos lo comparten los asesores y consultores políticos. Para dar mejores resultados, se excluye de las propuestas a las obras necesarias. Como casi siempre se trabaja contra el tiempo o por lapsos breves, hay que darle “al cliente lo que pida”, aunque ello implique altos riesgos para la población.
¿Por qué no se han encontrado acciones y tácticas de comunicación para dar un giro de 180 grados a esta situación? ¿Por qué muchos medios de comunicación sólo cuestionan o critican a los gobernantes cuando los problemas o las tragedias se vuelven noticias de alto impacto? ¿Por qué en las redes sociales el tema casi nunca es trending topic?
Afirmar que las obras estructurales como drenaje, agua potable, carreteras rurales, transporte público o infraestructura de salud son costosas, tardadas y lucen poco es un falso argumento. Pensar que no existen mejores soluciones —o que las obras urgentes de utilidad social— no reditúa porque son de “largo plazo” es un error francamente inaceptable.
Para cambiar el paradigma, es preciso actuar en diversos frentes. Se tienen que revisar estrategias, planes y modelos de comunicación política. Por fortuna, en el nuevo ecosistema de comunicación existe un gran número de medios e instrumentos para lograrlo. Sin embargo, primero hay que convencer a los gobernantes de que sí es posible, aunque tengan que asumir algunos riesgos.
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Qué bueno que haya más parques, plazas y jardines remodelados. Qué bien que se construyan más distribuidores viales y pasos a desnivel (aunque a veces no resuelvan el tráfico). Es buena noticia que se organicen majestuosos espectáculos con grandes estrellas y eventos culturales porque la gente necesita divertirse y disfrutar de la cultura. No está mal que haya más monumentos, esculturas o fuentes vistosas. Los presupuestos de un país deberían alcanzar para todo.
Sin embargo, la renovación de tuberías de agua potable; la reparación de la infraestructura de drenaje y la construcción de plantas de tratamiento; el transporte público masivo de calidad; las escuelas bien construidas y equipadas, con horarios ampliados y con maestros capacitados y bien pagados; o las obras de prevención, sobre todo las de protección civil, no suelen ser rentables electoralmente ni garantizan el reconocimiento de la mayoría.
La enorme cantidad de tragedias que provocan las inundaciones, incendios o terremotos, por ejemplo, amerita ya que se tomen decisiones más drásticas para proteger y transformar positivamente la vida de las personas.
El cambio que nos han ofrecido todos los partidos, desde hace más de 25 años, requiere de la visión de un estadista auténtico: dispuesto a abandonar la retórica fácil y a tomar las decisiones más importantes de su carrera política, si en verdad aspiran a lograr el bienestar de todas y todos.
Recomendación editorial: Panorama de las administraciones públicas. América Latina y El Caribe 2024. París: OCDE-BID, 2024.