La división de poderes en México se consagró en la Constitución de 1857 y se mantiene vigente en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en 1917.
El ejercicio del Supremo Poder de la Federación se divide en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El poder Legislativo es el encargado de elaborar y reformar las leyes; el Ejecutivo de gobernar y administrar; y el Judicial tiene como misión interpretar y aplicar el derecho de manera imparcial.
La división de poderes es un principio que sostiene los sistemas democráticos que separa las tareas del Estado. Su propósito central es evitar la concentración del poder en una sola persona o institución, asegurando con ello un sano equilibrio entre los tres poderes.
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Cada poder funciona como contrapeso de los otros. El Ejecutivo no puede legislar ni juzgar; el Legislativo no puede gobernar ni dictar sentencias; y el Judicial debe mantenerse al margen de toda injerencia política.
Esta separación es esencial para que haya justicia y para proteger nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos, pero hoy, con la implementación de la elección fraudulenta del poder judicial, ese equilibrio en México llegó a su fin.
El origen de las y los candidatos que el día de mañana serán los jueces, magistrados y ministros, es un origen que radica en la postulación de sus candidaturas por parte del Poder Ejecutivo.
Las recientes elecciones no fueron un ejercicio democrático sino un mecanismo diseñado minuciosamente para debilitar la independencia del Poder Judicial y someterlo al Ejecutivo. En términos prácticos, es el inicio del fin de la justicia como poder autónomo. Y ahora, es la extensión del Poder Ejecutivo.
Las y los nuevos integrantes del poder judicial ahora tendrán que preocuparse por quedar bien con el partido que los promovió en los acordeones y que validó sus postulaciones, la reforma al poder judicial que propició el gobierno de Morena, cumplió su fin: cooptar el poder judicial. La toga se convertirá en uniforme guinda y el estrado en trinchera partidista.
Hoy en México existe una concentración de poder excesiva y maliciosamente perseguida. Nuestro país se aleja de los pesos y contrapesos democráticos, nos adentramos a una época autoritaria. La intolerancia y la represión serán el nuevo mecanismo para que con todo el peso del Estado se oprima a quienes se impongan al orden político. El golpe contra la división de poderes, la erosión de la democracia y de un Estado de Derecho promoverán la peor crisis institucional que se ha vivido en nuestro país.
La pregunta no es si estamos ante un golpe al Poder Judicial, sino cuánto aguantará nuestra democracia y si sabremos responder como sociedad antes de que la justicia desaparezca por completo y, con ella, todos los derechos y libertades que, a través de las luchas sociales, hemos conquistado las mexicanas y los mexicanos, los cuales tendrán que ser defendidos.
Porque lo que se pierde cuando muere la división de poderes no es sólo una estructura jurídica, es la República misma.