En México todos sabemos que nuestros políticos confabulan con criminales pero no les pasamos factura. Lo asumimos como inevitable y a cada nuevo escándalo pensamos: “así son todos”, y seguimos con nuestra vida en el país del “no pasa nada”. No hay consecuencias, a menos que los gringos acuerden la entrega de un criminal, o que ellos mismos lo detengan.
¿Cuántas veces hemos escuchado el mismo guion?: “Que las autoridades investiguen”; “mientras no determinen que hay delito, son ataques políticos”; “si tienen pruebas, que denuncien”. La última vez fue apenas la semana pasada, cuando se supo que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco bajo el gobierno de Adán Augusto López (2019-2021), está acusado de liderar la organización criminal ‘La Barredora’ y que está vinculado al narcotráfico desde 1999. Desde enero está prófugo y fuera del país, con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol. Este es solo el último caso en una larga lista.
Durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982), Arturo “El Negro” Durazo, jefe de la policía del entonces Distrito Federal, encarnó la corrupción descarada operando con el crimen organizado, secuestros, extorsiones y narcotráfico. Protegido durante el sexenio, fue detenido en 1984 en Puerto Rico y sentenciado por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.
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En tiempos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) no hubo sentencias firmes, pero sí sospechas graves. Su hermano Raúl fue acusado años después por enriquecimiento ilícito y vinculado a operaciones internacionales de lavado de dinero, terminó exonerado. Además, fue vox populi que Juan García Abrego, líder del Cártel del Golfo, tenía nexos con autoridades, pero ninguna investigación alcanzó a funcionarios de alto nivel.
En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) cayó el general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, jefe del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas. Presentado como el “zar antidrogas”, fue detenido en 1997 por proteger al Cártel de Juárez y recibir sobornos millonarios.
Con Vicente Fox (2000-2006), destacó el caso de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, acusado de facilitar el tráfico de cocaína del Cártel de Juárez. Tras años prófugo, fue detenido, condenado y extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado por lavado de dinero y narcotráfico.
Aunque no durante su mandato, la figura de Felipe Calderón (2006-2012) quedó marcada por su hombre más cercano en seguridad: Genaro García Luna. Secretario de Seguridad Pública y rostro de la “guerra contra el narco”, García Luna fue detenido en 2019 en EU, acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. En 2023 fue hallado culpable y sentenciado a 38 años de prisión.
Hoy es temprano para saber cómo terminará la historia de Hernán Bermúdez y qué tanto sabía o ignoraba su entonces jefe, Adán Augusto López. Pero nunca es tarde para que, como sociedad —sin importar partidos— empecemos a pasar factura a quienes, desde el servicio público, se asocian con criminales.
Mientras en otros países la presión social y mediática fuerza a que haya rendición de cuentas y las consecuencias suelen ser inmediatas, severas y definitivas, aquí, los acusados son protegidos por sus redes políticas lo más posible, los partidos y gobiernos se desmarcan haciendo que la culpa sea individual y nunca de los grandes políticos.
De verdad, ¿no estamos cansados? La verdadera pregunta no es si nuestros políticos están coludidos, eso ya lo sabemos. La pregunta es: ¿por qué dejamos que siga pasando?