“Para la Reina sólo existía un modo de resolver los problemas, fueran grandes o pequeños.
¡Qué le corten la cabeza! —ordenó, sin molestarse siquiera en echarle una ojeada.”
Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas.
Lewis Carroll (1865).
El 25 de junio de este año la titular del Ejecutivo federal afirmó respecto al Instituto Nacional Electoral (INE) que “se extralimitó en decir que ‘había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final’. Esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE; el Tribunal tiene esa atribución (…) son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en: ‘todo lo que esté en contra del gobierno de la Cuarta Transformación hay que votar en contra’, independientemente de cuál sea o qué se presente”. Por ello, apuntó, la iniciativa electoral vendrá, en su momento. No será inmediata, pero será, y considerará entre otros aspectos la decapitación del INE.
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EL REPARTO DE ASIENTOS PLURINOMINALES
El 4 de abril de 2023 fue la ocasión más reciente en que se modificó la composición del Consejo General del INE, con el cambio de la Presidencia y de tres de las diez consejerías. La actual alineación tiene así más de dos años de haberse fijado y la última decisión sobre quién preside este organismo se realizó mediante insaculación.
Desde que se determinó la actual integración, han sido dos los momentos de mayor relevancia y polémica: la decisión sobre el reparto de asientos de representación proporcional en el Legislativo federal y la declaratoria de validez de las elecciones extraordinarias del Poder Judicial federal. Revisemos cada una de estas ocasiones.
Luego de las elecciones federales de 2024, en los espacios mediáticos se dio un intenso debate sobre cuál debía ser el procedimiento para el reparto de los asientos por representación proporcional en la Cámara baja, puesto que la aplicación de las reglas que se habían utilizado invariablemente desde que se vota por partidos por separado y no por coaliciones agrupadas, después de la reforma electoral de 2007 y por cinco oportunidades previas, derivada no sólo en una sobrerrepresentación de los ocho puntos acotados en la norma del partido mayor, en ese caso Morena, sino en que este partido más los dos que jugaron con él en una coalición parcial alcanzarían una participación en los escaños que superaría con creces las dos terceras partes reclamadas para una mayoría calificada, por lo que estos tres partidos por sí solos podrían aprobar cualquier reforma constitucional que se pusiera a su consideración.
Frente a ello se indicaba que debiera acotarse la sobrerrepresentación del ocho por ciento no a cada partido por separado, como se había estilado, sino al conjunto de fuerzas políticas que fueron en coalición, tomadas juntas y como si fueran un único partido. Sin embargo, este discurso no derivó en ninguna demanda o propuesta para que el Consejo General del INE modificara los criterios de reparto, por lo que en la Herradura de la Democracia jamás estuvo a consideración de las consejerías una alternativa de distribución al método tradicional por partido. Lo que sí se sometió a votación es si ese ocho por ciento de sobrerrepresentación correspondía a ocho puntos porcentuales de la votación total o a un ocho por ciento de la votación relativa que hubiera obtenido cada partido. Y esta propuesta perdió la votación por siete a cuatro, así que el reparto se hizo como siempre se había hecho y ello otorgó no sólo la mayoría de asientos a Morena, sino la mayoría calificada al conjunto de partidos que formaron la alianza Sigamos Haciendo Historia.
LA VALIDEZ DE LAS ELECCIONES JUDICIALES
El segundo momento, como ya se mencionó, correspondió a la declaratoria de validez de las elecciones extraordinarias de los cargos nacionales del Poder Judicial federal el 15 de junio de este año, para lo que, luego de excluirse de la sumatoria de resultados más de ochocientas casillas con innegables irregularidades, se sugirió que se dejara en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la validación final del proceso, una vez que se desahogaran todas las aparentes irregularidades que lo evidenciaban y que demandaban una investigación a detalle pues bien pudieron afectar el resultado. Dicha propuesta perdió la votación correspondiente por seis a cinco, por lo que el Consejo General declaró válidas estas elecciones.
Es de destacarse que, excluyendo al consejero que propuso postergar la validación de estas elecciones judiciales —quien había votado por la aplicación de los criterios convencionales para el reparto de asientos por vía plurinominal en la diputación federal en funciones—, los cuatro votos adicionales para no declarar la validez de las elecciones judiciales correspondieron a las mismas personas que habían votado por un método alterno al tradicional para el reparto de curules en la Cámara baja.
EL FUTURO CAMBIO EN LAS CONSEJERÍAS
Este último dato pudiera dar píe a la idea de que es necesaria la renovación de quienes integran el Consejo General del INE, para evitar que, repetimos, “un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo” eviten que las cosas se hagan de manera democrática, al menos desde el parecer de quien hoy gobierna.
Pero, ¿es acaso cierto lo anterior? Si uno revisa los períodos de funciones de quienes cuentan con un asiento con voz y voto en el Consejo General del INE, resulta que tres de las cuatro consejerías que han votado sistemáticamente “en contra del gobierno de la Cuarta Transformación” dejarán el cargo al concluir su período para el que fueron electos el 4 de abril de 2026, por lo que no serán afectados por una eventual elección por voto popular que ocurrirá seguramente en fecha posterior a la indicada. Pudiera ser que mientras se efectúan los comicios para estas posiciones el Consejo General se quede corto en integrantes, pero es claro que el reemplazo se realizará sin descontar en forma alguna a quienes se retiran.
El otro consejero que ha votado en contra de los intereses de la Cuarta Transformación en los dos casos analizados terminaría hasta 2029 y el consejero que ha votado en un sentido una vez y en otro la otra lo haría hasta 2032. Y al menos que se quiera unanimidad al más puro estilo soviético, dos contra seis votos garantiza la primacía de las posturas acordes con el grupo gobernante.
Luego, someter a elección por sufragio popular a la totalidad o parte de quienes integrarán el Consejo General con derecho a voto en el futuro no es la razón real de la reforma. Cómo en estas páginas habíamos anunciado, una vez pasadas las elecciones judiciales se les iba a echar la culpa a quienes forman el Consejo General de todo lo impertinente ocurrido desde la visión del poder. Eso es un pretexto discursivo para intentar desmantelar el sistema electoral y hacerle perder su carácter profesional y su neutralidad, para socavar la potencial actuación de las oposiciones recurriendo al expediente de la austeridad republicana y para fortalecer la formación de mayorías en exceso para el partido gobernante y sus aliados. Veremos cómo se van configurando más adelante la argumentación y las regulaciones que permitan el cumplimiento de esos, los verdaderos objetivos.