Se suponía que diez días después de las elecciones judiciales se tendrían resultados, pero no fue así. De por sí las cuentas estaban hechas asumiendo una escasa participación, pues el tiempo para los cómputos estaba estimado en razón a una participación previamente calculada en veinte por ciento. Que si ha sido como en una elección ordinaria, tan sólo esta etapa hubiera supuesto veinte días y si se consideraba disponer de un plazo para contar votos de toda la ciudadanía como debiera ser el plazo se duplicaría. Ello, pensando que igual que se tiene boletas para todas las personas, debió disponerse de tiempo para contabilizar la votación de todas. Pero en fin.
El dilatado cierre de resultados
El Instituto Nacional Electoral debió cerrar pronto la labor de dar a conocer los resultados oficiales y entregar constancias de mayoría. Antes de ello, debió superar la complicada tarea de decidir por estrecha votación el otorgamiento de validez de las elecciones obviando las innumerables inconsistencias detectadas en el proceso. Esta validación se pudo dejar en manos de instancias jurisdiccionales una vez que, como debió ser, se desahogaran todos los procedimientos que sustentaran dicha decisión.
En principio, se entregaron solamente 31 constancias de mayoría para la parte de arriba de la estructura judicial y quedó pendiente la entrega de constancias para los cargos que tendrán competencia cuasi-estatal. Y ello supone una tarea de reemplazo de lo que debieron hacer los comités de evaluación y suplir una tarea de revisión de calificaciones escolares de los involucrados.
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Eso llevó días y días y era una tarea que debió cubrirse antes, lo que constata el desorden que se ha tenido en esta improvisada elección judicial. Y ahora vendrá el período de impugnaciones, que poco modificarán los resultados, pero que es una etapa que se habrá de cubrir aunque sea una mera formalidad dada la relación de fuerzas en los órganos electorales jurisdiccionales.
De la separación de poderes
Estos días también han servido para constatar el incumplimiento de la ausencia de partidos en el proceso. Bueno, no de todos: las oposiciones sí estuvieron segregadas del proceso, para la coalición gobernante no lo estuvo. Prueba de ello son las conexiones entre quienes distribuyeron los llamados acordeones y Morena y sus aliados. Pero mayor prueba de ello son las declaraciones desde quien ocupa la silla presidencial de la injerencia en el proceso.
Esto nos devuelve a la crítica central a estas elecciones: no constituyeron en forma alguna una manera aseada de decidir quiénes serán los próximos juzgadores y representan la conformación de un Poder Judicial claramente vinculado y constreñido a los designios del nuevo orden, de ese bloque de poder conformado por el Ejecutivo y el Legislativo federales.
Leviatán contra Behemot
Estamos así ante el nacimiento del segundo monstruo bíblico. Si en las elecciones federales de 2024 se gestó el Leviatán, esa criatura marina majestuosa y poderosa, con forma de serpiente capaz de escupir fuego, que se conformó con esa coincidencia en el liderazgo en los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, en las elecciones judiciales se ha gestado el otro monstruo, el terrestre, la bestia poderosa y herbívora llamada Behemot, algo parecido a un hipopótamo o un elefante y que simboliza la fuerza bruta de la creación, los terrenos del caos.
Por ahora, ambas bestias coexistirán e incluso simpatizarán. Pero en algún momento podrán enfrentarse en una épica batalla entre el caos y el orden, Behemot y Leviatán, o entre las fuerzas marina y terrestre, el bien y el mal en la visión más maniquea del texto de Job en la Biblia.
Consideremos que es factible que una vez cerrado el ciclo de una primera vuelta de elecciones judiciales, en 2027, se decida crear un mecanismo que dé estabilidad a los juzgadores electos, como ya se ha sugerido en diversas declaraciones, incluso desde la instancia de Gobernación. Ello es factible dado el fracaso del actual modelo y la conveniencia de prorrogar a este cuerpo de jueces que es empático con el gobierno.
La concordancia podrá entonces romperse cuando, algún día, se dé un cambio en la conformación política del gobierno. Entonces, habrá quedado sembrada la diferenciación e inevitable confrontación entre un nuevo Ejecutivo y Legislativo versus un anquilosado Poder Judicial al que habrá necesariamente que reformar, más el que mientras tanto será un obstáculo a cualquier intento de cambio del sistema que se erige como saldo de las elecciones en curso en monopólico para la concreción del régimen autoritario. Así, la visión rabínica de la batalla apocalíptica tendrá lugar, algún día, pues se ha sembrado las condiciones para el enfrentamiento en el juicio final, que bien podrá ser el renacimiento de una democracia perdida cuando nos sentemos al banquete luego de sepultar la dominación que se instaura y devolver el orden al mundo. Ello, muy probablemente, será en un tiempo inconmensurable, pero será.