En días pasados, la diputada Olga Leticia Chávez reprochaba a sus pares de oposición no actualizarse en el uso de la inteligencia artificial (IA) para conocer el dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. El dictamen de 205 páginas había sido distribuido con pocas horas de anticipación, insuficiente para conocerlo y aprobar la ley.
Más allá de la estridencia del discurso de la diputada Chávez, su intervención resalta dos cuestiones: por una parte, los posibles usos de la inteligencia artificial en la función legislativa y, por la otra, la forma de decidir de los legisladores. Así, la diputada Chávez tiene razón al decir que la IA puede elaborar, en pocos minutos, una síntesis del dictamen. Esto reduce el tiempo para conocer el contenido resumido del documento. Sin embargo, esto no significa necesariamente que eso sea suficiente para estar en condiciones para tomar una decisión.
En efecto, la IA puede ser útil para el trabajo legislativo, pero no sustituye la necesidad de las capacidades y responsabilidades de los legisladores.
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Por ejemplo, si preguntamos a Chat GPT, una de las IA más conocidas, sobre sus usos en el trabajo legislativo responde lo que puede hacer y lo que no puede hacer.
Puede hacer resúmenes de los documentos legislativos, pero además puede analizar el texto de proyectos de ley para identificar inconsistencias, duplicidades o contradicciones con leyes existente y comparar automáticamente con el marco jurídico vigente para advertir incompatibilidades; corregir automáticamente errores formales o inconsistencias de redacción para garantizar claridad y coherencia jurídica; usar modelos predictivos para estimar el impacto económico, social o ambiental de una ley antes de aprobarla; simular escenarios futuros con base en datos históricos; sugerir argumentos a favor o en contra con base en análisis de debates previos y jurisprudencia relacionada; usar IA para analizar redes sociales y medios, identificando el apoyo o rechazo ciudadano a determinadas iniciativas; ayudar a los legisladores a conocer el clima social respecto de un proyecto antes de votarlo, entre otros.
Sin embargo, el propio Chat GPT advierte que la “IA no sustituirá la deliberación política ni el juicio humano en la aprobación de leyes, pero puede ser un poderoso asistente para mejorar la calidad técnica de las normas, reducir tiempos de análisis y aumentar la participación informada”.
Lo anterior muestra la potencialidad de la IA en el trabajo legislativo, que va más allá de un mero resumen del dictamen.
Otros ejemplos
Si se pregunta al Chat GPT: ¿Cuántas y cuáles son las posibles violaciones a los derechos humanos que tiene el dictamen de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública aprobado por el Senado? Responde que encuentra al menos nueve riesgos de violación a derechos humanos:
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Vigilancia masiva sin control judicial
- Creación de una infraestructura autoritaria de datos
- Violación al debido proceso (Art. 14 Constitucional)
- Transgresión a la inviolabilidad de las comunicaciones (Art. 16 Constitucional)
- Condicionamiento del acceso a telefonía e internet
- Riesgo de uso político y persecución de disidencia
- Militarización de la inteligencia civil
- Ausencia de órganos autónomos de protección de datos
- Participación de actores extranjeros sin salvaguardas
Lo mostrado aquí da una idea apenas inicial de los posibles usos de las IA en las funciones públicas. El uso de éstas para elaborar resúmenes es cosa menor. Si la decisión humana se tomó a pesar de los riesgos que tiene tal iniciativa, se está ante una responsabilidad exclusivamente humana.