Hace unos días me llegó la pregunta incómoda. Estaba terminando de leer un libro que escribió mi profesor de la universidad sobre el tema, cuando al cerrarlo para empezar a reflexionar sobre lo leído, lo primero que me vino a la mente fue: Pemex. No toda apertura es traición, y no todo control estatal es soberanía. A veces, lo que es verdaderamente patriótico es aceptar los errores y tener el valor de reformar lo que ya no sirve.
Pemex tiene que seguir siendo una empresa nacional. Pero defender lo nacional no es aferrarse a lo obsoleto, a los sueños frustrados por el tiempo y el mal manejo. Es reconfigurarlo, no para mantenerlo como una reliquia del pasado ––alimentando el ego nacional–– sino para de una buena vez dejar de financiar su creciente declive y empezar a construir su capacidad como activo estratégico de un Estado funcional.
Abrir parcialmente una empresa petrolera pública no es una idea nueva, tampoco significa ceder el control, sino abrir la operación a reglas internacionales más estrictas y eficientes. Varias petroleras estatales han optado por este modelo híbrido, donde el Estado conserva la propiedad y a la dirección de la empresa, pero se apoyan en mercados financieros para tener acceso a financiamiento sin recurrir a deuda pública, mayor transparencia y rendición de cuentas mediante reportes financieros obligatorios, reducción de carga fiscal y atracción de conocimiento e innovación tecnológica.
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Las empresas al cotizar en mercados internacionales están sujetas a reguladores internacionales como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, siglas en inglés). Elevando los estándares de gobernanza, limitando la dependencia política y reduciendo el margen para la corrupción. Al contrario de debilitar la soberanía, estos requerimientos externos pueden fortalecerla, teniendo como consecuencia que la empresa le sirva al país, y no a los intereses del poder en turno.
Durante el 2024, Pemex registró una pérdida de US$38,500 millones, esto según su reporte financiero, una cifra sin precedentes desde el 2015. Es cierto que, en el 2023 reportó ganancias, pero esto solo fue el resultado de unos precios internacionales extraordinarios. No está relacionado en lo más mínimo con una mejora estructural. La petrolera cerró el año 2024 con una deuda que asciende a los US$97,600 millones, de los cuales tiene que amortizar aproximadamente US$44,400 millones entre el 2024 y 2027, y un pasivo laboral de US$63,600 millones.
Hubo un tiempo en el que Pemex financiaba casi la mitad del presupuesto del país el 44.3%, ahora, incluso con sus pérdidas millonarias, Pemex aportó el 18.4% de los ingresos del gobierno federal durante el 2023. No porque estuvo generando utilidades, sino porque sigue funcionando como un recaudador fiscal, pagando impuestos y derechos que superan su capacidad real. El Estado y Pemex han caído en un ciclo de autodestrucción: se han convertido en dos serpientes que se devoran entre sí, creando un círculo vicioso que disipa los recursos sin generar ningún valor económico para ninguna de las dos partes.
Varios países latinoamericanos han optado por tener un modelo híbrido, reformando sus petroleras estatales sin la necesidad de renunciar al control de estas. Combinando el capital privado con la dirección estatal, lograron mayor eficiencia, transparencia y autonomía financiera.
Colombia con Ecopetrol, en el 2007 decidió abrir parcialmente el capital de la petrolera, con una segunda ronda de inversión en el 2011, conservando el 88.5% de las acciones, sin perder el control de la empresa y su soberanía energética. Más de 480,000 ciudadanos se hicieron accionistas de la petrolera durante su primera ronda de inversión en el 2007, exclusiva para ciudadanos colombianos. De los cuales el 80% pertenecían a la clase media o baja y procedente de los 1,093 municipios de Colombia, reflejando el amplio respaldo y compromiso ciudadano respecto a la participación patrimonial en activos estratégicos nacionales. En el 2008, la empresa debutó en la Bolsa de Nueva York (NYSE), obligándola a cumplir estándares internacionales, como las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y el escrutinio da la SEC.
Gracias a estas acciones, Ecopetrol accedió a más de US$5,000 millones en capital. Esto permitió una inversión de US$8,400 millones en el 2012, la cual casi duplica su producción de crudo de 400 mil a 725 mil barriles por día en el 2015. Al aceptar las NIIF, Ecopetrol tuvo que uniformar sus criterios contables, revelar sus riesgos financieros y hacer clara su estructura de costos y pasivos, esto empujó al Estado a adoptar un gobierno corporativo más técnico y profesional. Colombia, con la privatización parcial de Ecopetrol, mostró como una petrolera estatal puede ser rentable, transparente, socialmente responsable y al mismo tiempo servirle a la nación.
Petrobras, la petrolera de Brasil, tuvo su apertura al mercado bursátil de la bolsa de São Paulo (B3) en los años noventa y en el año 2000 debutó en (NYSE). Durante el 2010, realizó una emisión de US$70,000 millones, la mayor emisión hasta entonces. Brasil conserva el 50.3% de las acciones, conservando el control, pero dada su presencia en mercados globales se ve comprometida a operar bajo estándares de las NIIF y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, siglas en inglés).
Sin embargo, la posición de control del Estado facilitó la captura política de la petrolera. El operativo Lava Jato (2014) reveló una red de sobornos a directivos nombrados por cuotas partidistas por un total de US$2,000 millones. Dada su cotización en NYSE, se activaron mecanismos correctivos, fue sancionada por más de US$3,800 millones entre multas y compensaciones. Fue presionada a reformar su estructura interna, se creó una vicepresidencia de cumplimiento, se profesionalizó su consejo y se redujo su deuda/EBITDA de 5.3x (2015) a 2.5x (2018). Además, se creó la Ley 13.303 (2016) exigió criterios técnicos para altos directivos, eliminando las cuotas políticas.
Entre el 2016 y el 2021, Petrobras vendió activos no estratégicos por más de US$21,000 millones. En 2022, reportó US$36,600 millones en utilidades y US$21,000 millones en dividendos. Antes de la reforma, durante el 2014, Petrobras reportaba pérdidas por más de US$7,200 millones y tenía una deuda de US$117,000 millones. Petrobras es el ejemplo de que una petrolera estatal se puede rescatar; pasó de ser un símbolo de corrupción a una empresa rentable, vigilada por el mercado y controlada por el Estado. Justo el tipo de transformación que Pemex necesita. No es una renuncia. No es vender la patria. Es una evolución hacia el progreso.
Para poder plantear con seriedad una posible apertura al mercado de Pemex, es imprescindible entender el marco legislativo nacional. Según el artículo 27 de la constitución, los hidrocarburos del subsuelo son propiedad de la Nación. No se pueden vender, concesionar ni privatizar. La propiedad del petróleo no es negociable.
Aquí es clave entender los artículos constitucionales 27 y 28 tras su reforma en 2013, y considerando sus cambios constitucionales promovidos por la presidenta Sheinbaum en 2024. La reforma energética no solo hizo más atractivo invertir en el sector energético y facilitar la inversión privada en este. También cambió elementos esenciales para una apertura de nuestra petrolera nacional, que no eran del todo necesarios para fomentar la inversión. Preparó jurídicamente a la nación para una apertura controlada de Pemex en el futuro.
Aquí los cambios más relevantes para la apertura:
- Modificación al artículo 27 constitucional: Legalización de contratos con privados en extracción y exploración, garantizando la validez de estos constitucionalmente.
- Modificación al artículo 28 constitucional: Eliminó la protección del petróleo como monopolio exclusivo del Estado.
- Pemex como Empresa Productiva del Estado (EPE): Dejó de ser un organismo paraestatal, dotándola de poder asociarse con privados, operar con lógica empresarial, emitir deuda y migrar acciones.
- Organismos reguladores autónomos: La creación de la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. También, la transferencia de la captación de la renta petrolera a un fideicomiso autónomo. Ambas modificaciones apuntando a reducir el control operativo sobre Pemex.
- Registrar como ingresos utilidades esperadas: Pemex puede registrar utilidades proyectadas a futuro como ingresos presentes, permitiéndole capitalizar contratos como activos, respaldar deuda con contratos e ingresos a futuro, crear empresas a partir de unidades operativas de Pemex y vender participaciones de las ganancias a futuro.
Si se tratara solo de facilitar la inversión privada en el sector energético hubiera bastado con mecanismos contractuales y garantías regulatorias. La reforma energética del 2013 fue más allá de promover la inversión privada, rediseñó internamente a Pemex y la constitución para que pueda operar como una empresa privada y en algún momento tener la capacidad legal de ser abierta al mercado. ¿Ahora, este es el mejor momento?
Pues ese futuro ya no existe por ahora. Tras la reforma de Sheinbaum en 2024, todos los elementos que hicieron posible una apertura de Pemex algún día fueron removidos totalmente del marco jurídico. Aún vale la pena mencionar que México estuvo cerca de construir un marco jurídico serio, funcional y compatible con la soberanía nacional para hacer de nuevo a Pemex un orgullo nacional. La apertura no era un capricho neoliberal, fue una evolución posible hacia la modernidad y eficiencia. Lo que fue una ruta posible, hoy ha sido clausurada desde la Constitución.
Sobran tecnicismos que hubieran impedido esta transformación; el mercado bursátil nacional es limitado, la deuda de Pemex es inmensa, y sus pasivos laborales difíciles de reestructurar. Pero de todos, el verdadero obstáculo fue político e ideológico. Aferrarse a no reformar Pemex fue seguir apostándole al sueño del expresidente Echeverría en 1970 y de López Portillo al asumir el cargo en 1976: su fantasía de “administrar la abundancia”. El petróleo ya no basta para sostener al país, ese sueño ya pasó –fracasó–, y no hemos podido despertar de él.
Mientras tanto, el robo de combustible sistematizado –una privatización ilícita al margen del Estado–, le está costando miles de millones de pesos al país, sin tener ningún beneficio para el Estado y los mexicanos. Pero la privatización de Pemex sería una “traición y un gran golpe a nuestra soberanía”.
La verdadera soberanía de un país, no se sostiene con discursos ideológicos para proteger el ego nacional, sino reformando instituciones para que rindan cuentas, operen con eficiencia y lo más importante: que respondan al interés público. Pemex y el petróleo deben seguir siendo de los mexicanos. Pero Pemex en su estado actual, ya no le pertenece al futuro. Privatizar –de forma parcial o total– Pemex no significaría ni aseguraría su salvación. Lo que sí está claro es que mantenerla como está sí significa y garantiza su perdición.