El Instituto Nacional Electoral (INE) está facultado por el Legislativo para fiscalizar el origen, monto y destino de los recursos que utilizan las y los aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas y candidatos, las personas candidatas independientes y los partidos políticos durante los procesos electorales federales y locales ordinarios y extraordinarios.
A través de su Consejo General, máximo órgano de dirección vigila de manera permanente que estos actores políticos cumplan a cabalidad con sus obligaciones legales. Así, en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 19 de febrero, en la que fueron analizados los Informes Anuales de Ingresos y Gastos, correspondientes al ejercicio de 2023, señalé que las sanciones que ese día se determinaron eran producto de infracciones a la normativa electoral y, propuse realizar una auditoría a los partidos políticos nacionales para verificar adeudos de años anteriores o errores contables, con la finalidad de conocer los adeudos específicos para que los sujetos obligados enteraran sus impuestos y contribuciones sociales y, de ser el caso, se impusieran las sanciones que fueren procedentes.
En este sentido, en la sesión extraordinaria de este 2 de julio fue presentado el Dictamen consolidado presentado por la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución respecto a las irregularidades encontradas derivado de la Auditoría Especial realizada al rubro de impuestos por pagar de los partidos políticos nacionales, nacionales con acreditación local y locales.
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La Auditoría abarcó desde el periodo en que fuera constituido el INE en 2014 cuando se nacionalizó la fiscalización y hasta el año 2023. El INE y los sujetos obligados están resolviendo, una década después, este tema.
Los objetivos de la Auditoría Especial que comprendió a 315 partidos políticos con registro vigente en 2023, fueron la de verificar la existencia y vigencia de adeudos fiscales, confirmar el cumplimiento de la retención y entero del impuesto sobre la renta, del iva, las cuotas de seguridad social, así como también, validar la contabilidad conforme al Reglamento de Fiscalización de esta institución y que los partidos políticos presentaron los pagos pendientes o hicieran las correcciones pertinentes en su contabilidad, para con ello, tener la certeza de los saldos con los que efectivamente cuentan los sujetos obligados, y establecer en su caso las sanciones por omisiones, cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año y por recursos de origen prohibido cuando procediera.
Del Dictamen y Resoluciones presentadas de manera oportuna con el apoyo invaluable de la Unidad Técnica de Fiscalización de esta institución, a pesar de estar en marcha las revisiones de los distintos procesos electorales ordinarios y extraordinarios y lo relativo a la elección de personas juzgadoras, este ejercicio resultó en una responsabilidad adicional pero fundamental para el proceso de fiscalización y para que los partidos estuvieran al día en el pago de sus impuestos y cuotas sociales.
Sin duda alguna, el apoyo otorgado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fue fundamental, ya que permitió que los partidos políticos contaran con mesas de trabajo para la regularización de sus obligaciones fiscales.
Consecuentemente, el INE a través de su Consejo General determinó imponer sanciones por un monto cercano a los 32 millones de pesos por las irregularidades encontradas.
La fiscalización es un proceso que permite asegurar que el origen, monto y destino de los recursos que utilizan los partidos políticos en las elecciones, así como sus obligaciones fiscales atiendan la normativa electoral, lo que se traduce en un indicador importante de transparencia y rendición de cuentas, pilares de nuestro sistema electoral y coadyuva al fortalecimiento del INE y de nuestra democracia.