El proceso electoral judicial no ha concluido y aún le falta un trecho importante por recorrer principalmente para las autoridades electorales, tanto para el Instituto Nacional Electoral (INE) como para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por lo que corresponde a la autoridad electoral administrativa, el INE se encuentra revisando que las y los candidatos ganadores no se encuentren en los 10 supuestos establecidos con el artículo 38 Constitucional relacionados principalmente con la violencia de género; el análisis del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas ganadoras; la sustanciación de las quejas presentadas por irregularidades, así como las vistas, denuncias e investigaciones internas ordenadas por el Consejo General; la revisión escrupulosa de la información de operaciones, el origen, monto y destino de los recursos utilizados en la elección, así como la estricta observancia de las normativas en materia de fiscalización, entre otras.
Por lo que corresponde al TEPJF ha recibido un importante número de impugnaciones sobre lo que diversos actores señalan como irregularidades y, por lo mismo tendrá que analizar a detalle y, en su oportunidad emitir las sentencias que conforme a derecho corresponda. Las impugnaciones de este proceso electoral deben quedar resueltas a más tardar el 28 de agosto próximo.
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No obstante, y en el transcurso del proceso electoral se pudo observar diversos aspectos que, para el proceso electoral judicial de 2027 deben corregirse y que a continuación señalo solo algunos.
De entrada, debe revisarse que estas elecciones sean concurrentes con las elecciones intermedias para la renovación de la Cámara de diputaciones, 17 gubernaturas y 30 congresos locales. La concurrencia de ambos procesos con características tan diversas, hace que en los hechos, deban organizarse dos procesos de manera paralela, con las consecuentes implicaciones en temas presupuestales, de recursos técnicos y humanos.
Por otra parte, sería conveniente que se cuenten con los recursos suficientes para una mejor operación de la elección, considerando, entre otros aspectos, la instalación plena de las casillas que correspondan de acuerdo con el número de personas electoras que se encuentren en los listados nominales respectivos y, con ello, la ampliación de las personas que funjan como funcionarias y funcionarios de casilla para la atención de las personas que asistan a ejercer su derecho al voto, así como para el pleno desarrollo de los procedimientos que cada etapa de la elección se requiere.
Debe hacerse una nueva revisión de diversa documentación electoral, la principal: la boleta electoral, con la finalidad de poderla hacer más accesible y comprensible. Por ello, no dejaré de insistir como lo he realizado en los procesos electorales por los que la ciudadanía elige a los representantes populares, en el uso de mecanismos electrónicos de votación.
El INE, a diferencia de varios Organismos Públicos Locales Electorales, ha incursionado de forma muy lenta hacia la votación electrónica con el uso de urnas electrónicas, por lo que deberá considerarse avanzar firmemente en este proyecto institucional. No obstante, nuevamente hago el planteamiento de utilizar el voto por internet no solo para las elecciones judiciales, sino para todos los procesos electorales que se desarrollen a lo largo y ancho del país.
Actualmente, este mecanismo ha sido utilizado, en la Ciudad de México desde 2012 y por el INE a partir de 2021 con éxito para recibir el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Así, el uso de urnas electrónicas y el voto por internet podrían ser modalidades del voto que permitan no solo hacer más eficientes las elecciones al disminuir el tiempo de votación, evitar errores aritméticos y dar resultados prácticamente en tiempo real; en un mediano plazo pueden representar un importante ahorro de recursos.
Deberá trabajarse para que todos los segmentos de la población tengan la facilidad de emitir su voto: personas mexicanas y mexicanos que residen fuera de nuestro país y personas en prisión preventiva.
De igual modo, debe considerarse espacios de representación judicial para comunidades de la diversidad sexual, migrantes, personas afromexicanas y con discapacidad.
El legislador por su parte deberá hacer una revisión de las múltiples lagunas registradas en la elección que permita, por un lado, que no se vuelvan a tener capítulos como los presentados como las suspensiones dictadas por jueces al proceso electivo, las delimitación de las atribuciones que le correspondan estrictamente a cada instancia, pero sobre todo, buscar un método diferente para que las personas que aspiren a convertirse en candidatas a juzgadores sean por méritos, trayectoria y buena reputación.
Hasta aquí algunas ideas que deben considerarse como áreas de oportunidad para ir perfeccionando todos los ejercicios democráticos con los que cuenta la ciudadanía quien, con su voto, define el rumbo de esta gran nación.