NATALIDAD

Natalidad y conflicto social de género

Debajo de las decisiones de nupcialidad, fecundidad y natalidad de hombres y mujeres subyace un conflicto de género: el tema de quién y cómo asume la responsabilidad y el costo de procrear y cuidar a los niños en la sociedad. | Teresa Incháustegui

Escrito en OPINIÓN el

En el informe Estado de la Población Mundial (2025) dado a conocer el pasado mes de junio, se reconoce que la natalidad global enfrenta tensiones relacionadas con la disminución de las tasas de fecundidad y la creciente preocupación por la autonomía reproductiva. Si bien la mayoría de las personas desean tener hijos, factores económicos, de salud, tanto como sociales y ambientales están influyendo en las decisiones reproductivas de hombres y mujeres, resultando en tasas de natalidad más bajas de lo deseado en término del reemplazo general necesario ante el envejecimiento poblacional y los requerimientos de la fuerza laboral y la sostenibilidad de los sistemas de bienestar. 

La tasa mundial de caída en fecundidad ha ido acelerándose en los últimos 70 años, por lo que muchos países ya no alcanzan la tasa de reemplazo (alrededor de 2.1 hijos por mujer) convirtiéndose en un problema político de primer orden. El informe elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que la caída en las tasas globales de natalidad no refleja un rechazo a la maternidad o la paternidad, sino una crisis más profunda: la imposibilidad de formar las familias deseadas debido a obstáculos económicos, sociales y culturales. Entre los principales factores de la decisión de las personas para no reproducirse se cuentan el alto costo de la vida, la inseguridad laboral, la falta de vivienda adecuada, la ausencia de una pareja estable y la incertidumbre ante el futuro. La situación se señala, especialmente aguda para América Latina, donde millones enfrentan estos desafíos de forma cotidiana

Durante más de un siglo se consideró que la natalidad humana estaba influenciada preponderantemente por factores biológicos y naturales y que el crecimiento de la población era exponencial (Malthus, Thomas 1707-1767), a grado de que, si no se sometía a control, la población rebasaría los recursos disponibles para su sostenimiento. En los años 40 Kingsley Davis y Wilbert Moore argumentaron que la natalidad estaba influenciada por la modernización socioeconómica, donde factores como la urbanización, la educación de las mujeres y su participación en el mercado laboral, así como el acceso a métodos anticonceptivos afectaban la tasa de natalidad y los ciclos del reemplazo generacional. Después, Caldwell y John Bongaarts (1992) propusieron una teoría que relacionaba el funcionamiento de la economía con la natalidad, haciendo hincapié en cómo la capacidad de las familias para mantener a sus hijos influye en sus decisiones reproductivas

En 1989 la ONU reconoce que las familias -en su diversidad de estructuras y composición- son un actor social de nivel micro social, cuyas decisiones producen cambios a nivel macrosocial, además de constituir la unidad esencial del bienestar social.  Se reconoce que la natalidad está influenciada por una combinación de factores biológicos, socioeconómicos, culturales y políticos. Estos factores pueden incluir el acceso a la educación, los servicios de salud reproductiva, el nivel de desarrollo económico, las normas culturales en torno a la familia y la maternidad, y las políticas gubernamentales relacionadas con la planificación familiar y el apoyo a la crianza de hijos.   

La ONU designa el año 1994 como el Año Internacional de la Familia y se reconoce que, a nivel macrosocial, las políticas económicas y sociales del estado (inflación, subsidios, inversión pública, vivienda, educación, transporte, servicios) pueden incentivar o desincentivar el crecimiento poblacional. Mientras las decisiones a nivel mezo social de las empresas (empleo, condiciones de contratación, salarios, jornada laboral, horarios, localización) incentivan o desincentivan el empleo femenino, pero también el número de miembros del hogar que deben y pueden emplearse. De suerte que las familias, son el centro de costo y decisiones resultantes que, con base al escenario social configurado por las decisiones del estado y del mercado de trabajo, calculan más o menos racionalmente, el costo y la oportunidad de sus elecciones reproductivas.  

Los años posteriores a la proclamación de la(s) familia(s) como actor micro que afecta a nivel macrosocial, abrieron pauta a una plétora de estudios e investigaciones en centros especializados y universidades de todo el mundo, sobre los cambios en las formas de integración, composición, separación de la familia, los matrimonios, divorcios, sexualidad etc.  Estos cambios dejan ver de forma cada vez más clara que por debajo de las decisiones de nupcialidad, fecundidad y natalidad de hombres y mujeres subyace un conflicto de género, que cada vez revela con más claridad su cariz político:  el tema de quién y cómo asume la responsabilidad y el costo de procrear y cuidar a los niños en la sociedad. 

La división del trabajo reproductivo de los hogares, el trabajo doméstico y de cuidado, recae de forma desproporcionada en las mujeres, de suerte que tienen que elegir entre tener hijex o desarrollarse profesionalmente. Tener hijos es penalizado para las mujeres en el mercado de trabajo, ya las mujeres empleadas con hijex, que suelen ver sus ingresos disminuir o sus posibilidades de ascenso reducirse. Además de que requiere tiempo, que resulta escaso para una buena parte de la población que hace largos desplazamiento de la casa al trabajo. Contar con espacios de vivienda adecuados para la crianza es también una condición que no pueden resolver.

En este sentido, para resolver el problema sería necesario que los gobiernos asuman que el conflicto entre natalidad y derechos reproductivos es un tema de política pública que requiere decisiones públicas que reconcilien trabajo y vida familiar, como algunas de las que recomienda el Informe que venimos comentando: licencias parentales remuneradas y compartidas entre hombres y mujeres; acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo anticoncepción, aborto legal y asequible, y asistencia en fertilidad. Inversión en vivienda asequible, trabajo decente y servicios de cuidado infantil. Inclusión plena de personas LGBTQI+ y solteras en programas de apoyo a la maternidad o paternidad. Educación para acabar con los estereotipos de género y fomentar relaciones más igualitarias.

Teresa Incháustegui Romero

@terinro