El gobierno de Estados Unidos tiene en la mira al gobierno de México. Y le pide y le exige y le impone. Como potencia, conoce su propia fuerza estratégica, económica, de seguridad y política.
Y pocas veces, como durante esta administración del republicano Donald J. Trump, las relaciones entre ambos países han sido de tal grado tensas, más en tono político, de seguridad y económico, que diplomáticas. Trump no escucha razones. Se escucha a sí mismo. Está lleno de sí mismo.
Y lo dicho: un día dice una cosa, al día siguiente decide otra; un día abraza a quien le conviene y otro día, a estos mismos les asesta golpes bajos, como es el caso de Claudia Sheinbaum, presidente de México, a la que un día elogia y al otro día acusa de ineficiencia en el control del narcotráfico y el envío a EU de fentanilo… Un día la cita en Canadá, y el mismo día le cancela.
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A modo de negociación, desde el gobierno de México se le han otorgado privilegios a Trump, como la extradición de 29 detenidos por narcotráfico y solicitados por su gobierno; como el resguardo con miles de guardias e integrantes del Ejército, para contener la migración hacia EU.
Como la presencia de agentes de EU en territorio mexicano, en base a “acuerdos de cooperación”; o la vigilancia extrema, por cielo y mar, con naves de EU luego de declarar a las pandillas de narcotraficantes como terroristas. Desde la llegada de Trump a la presidencia de EU se han vuelto más visibles los trabajos conjuntos de inteligencia entre ambos países.
Pero no les es suficiente. Quieren trabajar en territorio mexicano a sus anchas, con el apoyo, bajo resguardo y la responsabilidad del gobierno de México.
Lo más reciente es una iniciativa bipartidista en el Senado estadounidense que propone que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) diseñe un plan para fortalecer la cooperación antidrogas con el gobierno de México.
El plan de acción –dicen– “tiene como objetivo mejorar la colaboración, coordinación y cooperación antinarcóticos entre EU y México, e identificar riesgos de contrainteligencia”.
Esta iniciativa fue presentada por John Cornyn, senador republicano por Texas y Mark Kelly, demócrata por Arizona; y de ser aprobada la ley dispondría que el jefe de cada elemento de la comunidad de inteligencia deberá presentar a DNI “una descripción y evaluación de la relación directa del elemento de la comunidad de inteligencia con cualquier elemento del gobierno de México, incluyendo una evaluación de los riesgos de contrainteligencia de dicha relación”.
Antemano, el Ejército de México ha reconocido que algunas de las más recientes detenciones de narcotraficantes en Culiacán, Sinaloa, se debieron al uso de drones y otros vuelos de inteligencia de EU para vigilar al crimen organizado en México.
“Esta legislación garantizaría que nuestra Comunidad de Inteligencia aproveche la relación entre Estados Unidos y México para erradicar eficazmente a estos asesinos silenciosos y mantener seguros a los ciudadanos. Una vida inocente perdida a causa del contrabando de narcóticos ilícitos a Estados Unidos a través de México es demasiado”, declaró Cornyn al presentar la iniciativa.
“Para ganar la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos y México deben colaborar contra los cárteles. Este esfuerzo conjunto con republicanos y demócratas hará que nuestro país sea más seguro al mantener las drogas fuera de nuestras calles mediante la colaboración de la Comunidad de Inteligencia con el gobierno de México”, expuso el senador Kelly.
La propuesta pediría a la DNI recomendaciones y la descripción de los recursos necesarios para “llevar a cabo, de manera eficiente y eficaz, la estrategia en defensa del interés nacional de Estados Unidos”.
La Ley para el Fortalecimiento Antinarcóticos sería parte de las presiones del gobierno de Trump contra México para apretar y agilizar la lucha contra los cárteles de la droga, como condición para solucionar las relaciones comerciales y como condición para retirar los aranceles a insumos y mercancías mexicanas, esta vez del 30 por ciento a partir de agosto.
Y es evidente, y dicho por los senadores de EU, que lo que a ellos preocupa es su seguridad nacional y la seguridad de los estadounidenses que consumen de forma voraz el fentanilo.
Presionan al gobierno mexicano por distintas vías: sanciones, aranceles, amenazas de intervención militar, cierre de fronteras, la revisión del TLCAN, cancelación de visas y la mención de nombres de políticos de la 4T denunciados por los ahora detenidos “colaboradores” de EU.
Y sí, están en su derecho de proteger a su territorio, su seguridad nacional y a sus connacionales. Pero en su propio territorio y detener el consumo del narcótico, como a los narcotraficantes estadounidenses.
Por su parte, el gobierno mexicano está obligado a proteger a los mexicanos, todos, del mismo narcotráfico, del crimen organizado, de la delincuencia común y de las amenazas del gobierno de Trump. Y para ello debe diseñar su propia estrategia nacional de seguridad.
Debe dejar de lado el lamentable discurso de “abrazos no balazos” que tanto daño ha hecho a México, al gobierno de México y a la imagen mundial que se tiene del gobierno de la 4T como protector de las actividades del narcotráfico.
Y sí, hasta hoy, desde el inicio de la actual presidencia mexicana se han llevado a cabo enfrentamientos y detenciones de delincuentes vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Pero esta tarea parece estar orientada a satisfacer la voracidad de Trump y no para solucionar un gran problema nacional, en favor de los mexicanos.
La defensa de la soberanía nacional no se acaba en el discurso. Tiene que expresarse en hechos, y esa soberanía nacional no tiene peligros solamente del exterior. Los hay también al interior.
Porque el crimen, el narcotráfico, la violencia criminal cotidiana, la corrupción política y el chanchullo electoral atentan, sí, en contra de esa soberanía, la libertad y el Estado de Derecho mexicano, hoy tan manoseado.