Recientemente fue aprobada por el órgano legislativo federal, una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ha generado múltiples debates académicos, de especialistas, periodistas, de gente de la sociedad civil y, por supuesto, de legisladores.
Desde el Partido Acción Nacional (PAN) hemos afirmado con claridad y firmeza que esta nueva ley es regresiva, atenta profundamente contra los derechos fundamentales de las y los ciudadanos y puede representar un control sobre uno de los pilares fundamentales de la democracia: el libre ejercicio del periodismo, valuarte para que la población esté debidamente informada y pueda contar con elementos para su toma de decisiones.
Esta legislación ha sido catalogada por múltiples actores como una “ley espía”, una herramienta de censura, y un golpe directo a nuestros principios democráticos consagrados en la Constitución tales como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la protección de datos personales y la libertad de opinión.
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Uno de los aspectos que me parece de los más controvertidos de esta nueva disposición legal es la facultad que se otorga al Estado mexicano para intervenir comunicaciones sin una orden judicial previa, bajo una concepción de “seguridad pública”. Es evidente que esta normativa representa un mecanismo de vigilancia que puede ser utilizada hacia cualquier persona, violando claramente normativas internacionales de derechos humanos de las que México es parte integrante.
Además, esta nueva ley le otorga al gobierno facultades para rastreo, acceso a historiales de navegación de las personas, entre otras atribuciones. Esto no puede traducirse de otra manera más que la implementación de espionaje político; práctica condenada por diversas instancias y tratados internacionales de la que México forma parte.
La nueva legislación contiene de igual forma mecanismos para sancionar contenidos que, al juzgar del gobierno pueden considerarse como “desinformación” a la que no hay criterios claros que delimiten estos alcances. Esto puede traducirse en que sea el gobierno quien decida qué se puede o que no se puede decir, que puede y que no puede considerarse información o desinformación y, acaso, ¿esto podría atentar contra los medios de comunicación o el libre ejercicio del periodismo?
Hay que advertir que la crítica no es desinformación; la crítica es un derecho que nos permite disentir y desde Acción Nacional hemos fundamentado las tropelías de esta nueva legislación en donde varios artículos son incluso inconstitucionales, y contraria a disposiciones establecidas en diversas sentencias y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 han formulado diversas observaciones a esta normativa desde que se presentó como proyecto de Dictamen, de donde resaltaron en su oportunidad que representa un mecanismo de control de la información y un ente de espía digital.
De igual forma, hay que advertir que esta legislación hace su aparición justo cuando en otras entidades se han emitido leyes señaladas por provocar censura, así como resoluciones de órganos jurisdiccionales castigando a ciudadanos en contra de su libertad de expresarse.
Desde Acción Nacional no queremos censura, que se nos espíe, que se atente contra nuestras libertades, contra el ejercicio libre del periodismo o que se nos sancione por expresar nuestras ideas.
No queremos que nuestro sistema democrático se siga erosionando, nuestras libertades son el valor más importante que la ciudadanía tiene y desde el PAN seremos vigilantes de la forma en que esta nueva disposición se materialice y denunciaremos los atropellos que en su caso atenten contra nuestros derechos fundamentales.