En días recientes se aprobó, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por la titular del Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum. La última vez que se llevó a cabo un rediseño de las reglas, modelo y marco normativo del sector, fue por allá del 2014, recordemos.
Lo anterior parecería intrascendente pero no lo es. Los contenidos, esquemas de radiodifusión, tecnología, plataformas y demás aspectos relacionados con las telecomunicaciones, han cambiado profundamente en los últimos años y evolucionan a pasos agigantados, día con día. Por ello, actualizar el marco legal era, por sí misma, una necesidad de primer nivel.
Ahora bien. Se ha dicho, equivocadamente y por algunos aspectos relacionados con la ley, que el nuevo modelo busca dotar al Estado de facultades de espionaje y censura. Nada más alejado de la realidad. El artículo 109 de la iniciativa original, que fue eliminado al final, contemplaba la posibilidad de suspender plataformas digitales que incumplieran con la normatividad vigente. Pero de censura categórica, nada, absolutamente nada.
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La presidenta ha sido clara también en otro de los aspectos cuestionados por la oposición. Sí, efectivamente se plantea la posibilidad de geolocalizar a una persona a través de su equipo telefónico; pero sólo cuando exista la presunción de un delito y lo faculte un juez.
¿Quién puede oponerse al uso de la tecnología y a la geolocalización vía satelital, para combatir delitos? ¿o a la cooperación de operadores de telecomunicaciones y autoridades, para la procuración de justicia?
Pero más allá de la estéril polémica, producto de la politización del tema, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión sienta las bases para una transformación profunda del sector, partiendo de principios fundamentales de democratización de los medios, desarrollo del sector, derechos de las audiencias, regulación de contenidos (como el bloqueo de la propaganda extranjera) y seguridad nacional, entre muchos otros.
Uno de los cambios más importantes, por ejemplo, es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano que le costaba al erario más de 1.6 millones de pesos al año; para dar paso a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) que busca eficientar los procesos en la materia, reducir costos y amplificar la potencia del sector a través de políticas públicas y nueva tecnología.
Además de lo anterior, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa un parteaguas para alcanzar la cobertura, conectividad y acceso de todas las regiones del país (así como de sus comunidades) al espectro radioeléctrico. En el mundo de hoy, formar parte de los procesos digitales de comunicación es fundamental para promover el desarrollo, la educación, la cultura cívica y en general, la gobernabilidad.
Pero volviendo al tema de la censura y el espionaje, dos conceptos sembrados en el imaginario colectivo con fines políticos; es falso que el objetivo primigenio del gobierno sea vigilar ciudadanos y bloquear plataformas. Vivimos momentos complejos en diferentes sentidos. Lo que circula en las redes sociales, desde los contenidos de violencia y los asociados con los grupos de la delincuencia organizada, es parte de esa complejidad.
También lo es la responsabilidad de difundir información veraz, objetiva y libre de aspectos propagandísticos que atenten contra la paz, la identidad y unidad nacional. Si este es el preámbulo para regular lo que en estos espacios circula, adelante. Pero hoy, la actualización del marco normativo de las telecomunicaciones es un logro muy importante de esta administración.