En marcha está el proceso para la renovación del Poder Judicial, que inició con la aprobación de la reforma en septiembre del año pasado. Se trata de más de ochocientos puestos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistraturas de las salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, de Circuito y Personas Juzgadoras de Circuito; que serán votados el próximo 1 de junio.
En campaña están ya, más de tres mil candidatas y candidatos, que aspiran a los diferentes cargos que están en juego.
Como punto de partida para el conocimiento de las y los candidatos, el INE habilitó un sitio web donde se concentra la información sobre los aspirantes: “Conóceles”. Pero serán éstos, a través de sus propios recursos y no auspiciados por el presupuesto público, quienes tendrán el derecho y la responsabilidad de dar a conocer sus propuestas y proyectos judiciales.
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Pese a las críticas que han sido esgrimidas frente a este inédito proceso, vale la pena destacar uno de los aspectos más importantes de la reforma: se combate directamente el nepotismo, el influyentismo y el pago de favores; para dar paso al voto popular y libre, como mecanismo de elección de jueces, magistrados y ministros.
Lo anterior no es poco. Un estudio realizado por Mexicanos Contra la Corrupción de la Impunidad (MCCI) reveló que al menos 500 jueces y magistrados, tienen trabajando en tribunales y juzgados a familiares directos que van desde esposas, hijos, hermanos y hasta suegros. Eso sin contar las redes clientelares que se extienden hasta los Tribunales de Circuito.
Ese mismo estudio, que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a la Suprema Corte, reveló casos tan indignantes de jueces que habían integrado hasta diecisiete miembros de su familia como actuarios, secretarios de Tribunal, asesores, etcétera.
Bueno, pues ese vicio tan vigente tendrá un tope con la reforma y la elección. Una elección que permitirá la renovación estructural del Poder Judicial, como nunca antes. Que un ciudadano pueda conocer la trayectoria, perfil y propuestas de un aspirante y en consecuencia votar por ella o él, es el primer paso hacia la democratización del Poder Judicial.
Con la transformación de la vida pública del país se han impulsado grandes cambios políticos, administrativos y económicos. La justicia, que por décadas había estado alejada de los principios fundamentales de accesibilidad, imparcialidad, transparencia, eficiencia y cercanía; esta llamada también a experimentar profundos cambios y a ser parte del momento que vive la Nación.
El proceso de renovación que tenemos frente a nosotros y que culminará con la elección del próximo 1 de junio, abre paso también a un preámbulo para erradicar la corrupción y los clientelismos. Dos cánceres que por años le han quitado el derecho a la justicia, a los que menos tienen.
Quienes hoy aspiran a un cargo en el Poder Judicial deben probar su honorabilidad, capacidad y experiencia; pero sobre todo, deberán acreditar una visión de justicia expedita, equitativa y objetiva. Con la reforma se acabaron las cuotas y las imposiciones. Será el pueblo quien decida quién ocupará esos cargos que hasta hoy se venía repartiendo desde las cúpulas del poder.