En el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de reforma del Poder Judicial de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre de 2024, se le atribuyó al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad para la organización, desarrollo y cómputo de estas inéditas elecciones judiciales.
Consecuentemente, el 23 de septiembre el INE emitió la declaratoria de inicio de la elección judicial por el que se eligieron las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; las magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; la mitad de los cargos de magistraturas de Circuito y de las personas juzgadoras de Distrito.
Desde entonces, el INE tomó múltiples Acuerdos a través de su Consejo General, máximo órgano de dirección, con el objetivo de llevar a buen puerto este proceso electivo.
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Sin embargo, de la experiencia de cada una de las etapas de este proceso electoral, de comentarios vertidos en las comisiones auxiliares del Consejo General del INE, así como de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral, queda claro que la elección dejó una serie vacíos que fueron atendidos en diversos momentos por estas autoridades electorales en los que, en varios casos se generaron una serie de controversias por las lagunas de la ley.
La principal es que el Legislativo debe valorar con objetividad la conveniencia de poner en una fecha distinta la celebración de la elección judicial de 2027. Resultaría muy difícil realizar una elección judicial con características diferentes a las elecciones que se tendrán en 2027 ya que, a nivel federal se renovará la Cámara de Diputados y Diputadas; a nivel local se renovarán las gubernaturas en 17 entidades federativas del país, así como en 31 estados habría elecciones para la renovación de los congresos locales y las autoridades municipales.
Asimismo, existen otra serie de medidas generales que deberán ser atendidas por el Legislativo y, por supuesto, por esta instancia electoral rumbo a dicho proceso electoral en el marco de una reforma electoral que ya ha sido anunciada por la presidencia de la República.
De entrada, debe considerarse la asignación presupuestal respectiva y suficiente para una futura elección judicial, así como para la atención del cúmulo de elecciones referidas. El INE formula su presupuesto bajo un esquema de racionalidad y austeridad y su objetivo es tener la mesa lista para que la ciudadanía acuda y participe en los procesos electorales.
El INE tendrá que evaluar la efectividad del marco geográfico electoral utilizado en la pasada elección judicial y fortalecer la implementación del padrón y listados nominales digitales, la credencial para votar digital, así como de forma ineludible, la implementación del voto electrónico para eficientar el uso de recursos públicos y garantizar la participación de más personas electoras.
El INE instrumentó el modelo de votación anticipada para personas con discapacidad imposibilitadas para asistir votar y personas cuidadoras, ahora tendrá que aprobar acciones afirmativas para que otros grupos poblaciones participen tales como las personas afromexicanas, indígenas, las y los mexicanos residentes en el exterior y de la diversidad sexual. En este tenor, sería muy importante que el legislativo considerara incorporar en la legislación, de manera detallada la representatividad de estas figuras y la forma en que se considerarán en la próxima elección judicial.
El INE tiene como tarea valorar la funcionalidad de las boletas electorales y de la documentación electoral utilizada en la elección judicial, con el objetivo de hacerlas más funcionales tanto para las y los electores, como para las y los funcionarios de casilla y del INE; analizar los criterios aplicables al escrutinio y cómputo de casilla; el modelo de casilla seccional; el esquema estructurado de los cómputos de la elección judicial; revisar la coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales para la consecución de este ejercicio democrático, entre muchas más.
El Legislativo por su parte, tendría que analizar el proceso por el que fueron revisados los expedientes de las personas aspirantes a juzgadoras; la clara estructura para garantizar una plena paridad de género; la delimitación de competencias entre la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la viabilidad de instrumentar el voto por internet para estas elecciones judiciales al interior de la República como una opción de votación, como ya es utilizado para las y los mexicanos residentes en el extranjero, así como impulsar de manera notable el uso de urnas electrónicas en las casillas que faciliten el ejercicio del voto, entre otras.
El objetivo es claro: hacer que el próximo proceso electoral judicial tenga mejores condiciones de organización, de revisión, de vigilancia y participación ciudadana.
En otra entrega presentaré mis consideraciones que me parece podrían analizarse en el marco de la anunciada reforma en materia electoral para las elecciones federales y locales por las que se renueva el poder público.