En el tablero político de América Latina, el resurgimiento de discursos xenófobos, clasistas y autoritarios no es una anomalía ni un episodio aislado. Se trata de un proyecto político cuidadosamente articulado, que ha sabido canalizar el descontento y la frustración acumulada de amplios sectores sociales. Frente a esto, resulta urgente que la izquierda —tanto en su dimensión institucional como de base— asuma un ejercicio autocrítico. Porque su insuficiencia no solo ha debilitado su fuerza histórica, sino que también ha abierto la puerta a la expansión de la ultraderecha.
Mientras los discursos de izquierda se enredan en debates ideológicos abstractos, pactos de élite y disputas internas, la ciudadanía enfrenta una realidad más cruda: precio de la renta inalcanzable, sistemas de salud colapsados, crisis e incertidumbre laboral persistente. La desconexión entre la política progresista y la vida cotidiana ha crecido hasta volverse casi insostenible. La izquierda olvidó que su potencia residía en el territorio, en el vínculo directo con las luchas populares y en la capacidad de ofrecer soluciones concretas a problemas cotidianos.
En ese vacío, la derecha encontró oportunidad. Ha logrado apropiarse de banderas históricamente asociadas al progresismo: La crítica a la élite política y el lenguaje anti-establishment. Figuras como Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos han capitalizado el hartazgo popular mediante una retórica que combina nacionalismo, autoritarismo y valores tradicionales, presentándose como la voz de quienes se sienten excluidos por el sistema.
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La ultraderecha ha construido un relato que identifica enemigos simbólicos —migrantes, feminismos, disidencias sexuales— y ofrece respuestas rápidas, aunque simplistas, a problemas complejos. Una parte significativa de la clase trabajadora, especialmente aquella precarizada o afectada por los efectos de la globalización, ha empezado a ver en estos discursos excluyentes una respuesta a su malestar.
Un vacío que la ultraderecha ha sabido llenar
Incluso en los países donde la izquierda gobierna, como México, Colombia o Chile, la crisis de legitimidad es evidente. El problema no es solo la presión externa de fuerzas conservadoras, sino también las propias limitaciones del progresismo en el poder. En muchos casos, los partidos de izquierda han priorizado acuerdos institucionales, distribución de cargos y pactos con sectores moderados, por encima de una transformación real del modelo social.
El caso de México es ilustrativo. La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia fue, sin duda, histórica. Sin embargo, su proyecto político, heredero del obradorismo, ha impulsado el modelo conservador: militarización de la seguridad pública, falta de respuesta ante la violencia de género, y cooptación de liderazgos sociales desde el aparato institucional. El gobierno sostiene una narrativa popular, pero restringe la autonomía del activismo y el debate público.
Esta paradoja —gobernar en nombre del pueblo sin transformar las condiciones estructurales— no es exclusiva de México. En distintos países, la izquierda en el poder ha concentrado funciones, debilitado contrapesos democráticos y apostado por políticas clientelares, sin avanzar hacia una redistribución real.
La resistencia que persiste: liderazgos femeninos y horizontes posibles
Frente a este escenario, la resistencia no ha desaparecido. En toda la región, los movimientos feministas han sostenido la defensa de derechos y la articulación de propuestas transformadoras.
No solo resisten en las calles, también disputan el relato. Visibilizan las consecuencias de las políticas regresivas, documentan abusos y proponen alternativas desde una mirada centrada en el cuidado, la justicia social y la dignidad. A diferencia de muchos partidos, los feminismos han mantenido una conexión constante con los territorios, una escucha activa y una estrategia de largo aliento.
En un contexto de retrocesos democráticos y ofensivas culturales contra los derechos, estos liderazgos ofrecen pistas valiosas sobre cómo reconstruir una izquierda más cercana, inclusiva y efectiva. No se trata de idealizar, sino de reconocer en ellos una forma de hacer política más coherente con las demandas sociales actuales.
Una tarea pendiente
La izquierda enfrenta hoy una disyuntiva: reconectarse o resignarse a la irrelevancia. Para recuperar su potencial, debe salir de los márgenes institucionales y volver a la calle, al barrio. También implica asumir los costos de una autocrítica honesta: reconocer errores, revisar privilegios y ceder espacios. Defender los derechos humanos, incluso cuando incomode a aliados o implique confrontar al poder, debe ser una prioridad, no un gesto retórico.
El avance de la ultraderecha no es inevitable. Pero frenarlo exige una izquierda distinta: más clara, más valiente, más conectada. Una que no tema al cambio, que vuelva a nombrar la esperanza y que comprenda que escuchar también es gobernar. Porque si no se transforma a tiempo, lo que está en juego no es solo su futuro, sino el de las democracias que aún intentamos defender.