El próximo domingo 1° de junio se llevará a cabo en México la jornada electoral extraordinaria derivada de la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.
Un proceso electoral que debería servir para fortalecer la democracia y la justicia en el país, pero que desde sus inicios y hasta el día de hoy ha estado plagado de irregularidades, sin los estándares de legalidad, transparencia ni certeza.
No es exagerado decir que se trata de un mero experimento social, político y constitucional de un partido enquistado en el poder, inédito en su tipo, sin sustento sólido. Ni países como Estados Unidos o Bolivia que han implementado la elección de altos magistrados por voto popular sirven de referencia ante el inminente fraude que las y los mexicanos están a punto de vivir. Analicemos punto a punto.
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Primero, el proceso de selección de las y los aspirantes ha sido criticado por su falta de transparencia y por favorecer a perfiles afines al partido en el poder. A lo largo de su desarrollo se ha señalado que la gran mayoría de las y los aspirantes carecen de la experiencia y trayectoria necesarias para ocupar cargos judiciales de alta relevancia. Además, se ha denunciado la exclusión de perfiles independientes y la falta de equidad en la contienda.
Segundo, se ha reportado que el partido en el poder ha ejercido presiones sobre legisladoras y legisladores de la oposición para que apoyen la reforma judicial –el caso de los Yunes–, ofreciendo impunidad o beneficios políticos a cambio. Estas acciones han sido interpretadas como intentos de debilitar los contrapesos institucionales y consolidar el control sobre el Poder Judicial.
Tercero, la reforma judicial incluye modificaciones que restringen las facultades de la Suprema Corte para declarar inconstitucionales ciertas leyes, lo que ha sido interpretado como un intento de debilitar el control constitucional y consolidar el poder del Ejecutivo.
Cuarto, entre las y los candidatos a cargos judiciales se encuentran personas con antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado, lo que ha generado preocupación sobre la integridad y la idoneidad de quienes próximamente ocuparán los cargos de juezas, jueces, magistradas y magistrados.
Quinto, la elección judicial implica la selección de más de 2,600 cargos, lo que ha resultado en boletas extensas y confusas. Aunado a ello, la falta de campañas visibles y la prohibición de publicidad han dificultado que la ciudadanía conozca a las y los candidatos, así como sus propuestas.
Sexto, mientras algunos sectores consideran que votar es una forma de influir en la conformación del Poder Judicial y evitar perfiles indeseables, otros argumentan que participar en este proceso sería legitimar una reforma que consideran perjudicial para la democracia. Con lo anterior, se refleja la complejidad y la controversia que rodean a la elección judicial en México.
La decisión de participar o abstenerse en este proceso electoral es personal y debe basarse en una reflexión crítica, informada y activa sobre sus implicaciones para la independencia judicial y el Estado de Derecho.
En mi caso, no votaré en la elección del poder judicial. Votar es el mecanismo por excelencia a través del cual manifestamos nuestra voluntad en favor de las y los candidatos a ocupar cargos de elección popular. Sin embargo, la elección judicial es una puerta abierta al populismo, a la politización de la justicia. Votar sería validar un proceso que viola la independencia y la autonomía judicial.
No votaré porque quiero una Corte realmente renovada, juezas y jueces imparciales, magistradas y magistrados comprometidos con los derechos de la ciudadanía. No votaré porque no quiero dejar la justicia en manos de personas que se encuentran relacionadas con grupos delictivos, que tienen deudas alimentarias o vínculos familiares con quienes hoy ostentan el poder.
Hoy, son los perfiles validados por Morena los que lograron ser candidatas y candidatos después de una infinidad de violaciones a la Ley y de la amenaza y la coacción a ministras y ministros de la Suprema Corte para detener la acción de inconstitucionalidad.
Desde entonces el gobierno de Morena ha cometido fraude electoral, con el objetivo de lograr la sobrerrepresentación artificial, no se nos olvida que la oposición tuvo más de 40 % de votos, pero estamos subrepresentados en el Congreso de la Unión y los Congresos Locales.
Morena ha mentido durante meses diciendo que la ciudadanía pidió esta reforma al poder judicial cuando su propia estrategia consistió en el debilitamiento judicial por no doblegarse ante el poder ejecutivo. Representando la muerte del poder judicial y, con ello, la posibilidad de una sociedad basada en el Estado de Derecho.
A unos días de la inminente elección judicial, Morena está desesperado por demostrar que hubo participación ciudadana para legitimar un proceso que nunca la tendrá. Morena ya tiene los resultados, ya hizo los acordeones, ya tiene la receta perfecta para el fraude y la simulación.
Por todo ello digo: ¡NO! ¡No al fraude de la elección judicial!