La elección del pasado primero de junio para elegir a los jueces y magistrados que presidirán la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), es un hecho inédito no sólo en nuestro país si no prácticamente en todo el orbe.
La propuesta de reforma anunciada desde el gobierno de López Obrador causó polémica, fue criticada, atacada y descalificada con todos los recursos disponibles a la mano tanto políticos como jurídicos; juristas y magistrados enarbolaron todo tipo de fundamentos legales, constitucionales y políticos, aún así, la reforma se llevó a cabo en un acto dicen los opositores, de autoritarismo.
La pregunta concreta es qué llevó a los gobiernos de Ernesto Zedillo y de López Obrador a trastocar uno de los tres poderes de la unión en matices y circunstancias totalmente distintas.
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En el primer caso, Zedillo advirtió que iría por una reforma al poder judicial desde que era “candidato” a la presidencia. Su reforma tomó forma en medio de un contexto complejo pues además de haberle estallado en las manos el error de diciembre, tenía en la agenda la resolución de la muerte de Colosio, Ruiz Massieu y la persecución e investigación a los cabecillas del EZLN.
Juristas, constitucionalistas y los pocos analistas políticos que le dieron seguimiento a la reforma zedillista coincidieron en tipificar el hecho como un “Golpe de Estado Técnico”. ¿Por qué? porque entre otras cosas, Zedillo sí disolvió la suprema corte de justicia, al decretar “la jubilación irrevocable de los magistrados”, hecho que, por sí sólo, violó la constitución. Este hecho, le permitió presentar su lista de juristas sustitutos que sería “aprobada” por ambas cámaras que en ese momento era controlaba PRI con una mayoría absoluta que fue refrendada por el PAN.
Entre las propuestas principales fue la reducción de magistrados de 26 a 11 por un período de 15 años de permanencia en el cargo. La propuesta zedillista dio paso a la creación del consejo de la judicatura que tenía por objeto vigilar la actuación de los magistrados y la impartición de justicia.
La aprobación de la reforma de Zedillo fue expedita y en menos de sesenta días, ejecutivo y legislativo habían acabado con un poder judicial que estaba compuesto por juristas elegidos por los últimos cuatro presidentes.
Juristas como Ignacio Burgoa Orihuela, manifestaron que “la reforma pretendía desmantelar la SCJN”. Emilio Krieger Vázquez, “se refirió a la “zedillización de la SCJN como la subordinación del poder judicial” mientras que, Ignacio Galindo Garfias, profesor emérito de la UNAM, declaró que, “la reforma no sólo era innecesaria, si no que, era imprescindible que, el ejecutivo se mantuviera al margen de las decisiones fundamentales y el PRI, dejara de manejar camarillas”.
Los medios corporativos de comunicación apenas dieron seguimiento y cobertura al debate que generó la controvertida reforma zedillista concretándose a informar las resoluciones y los hechos ya consumados. Sin embargo, periodistas, analistas y abogado como Granados Chapa se pronunciaron ante el despido masivo de magistrados que fue inconstitucional en virtud de que el artículo 94 citaba que los magistrados sólo podrían ser privados de sus puestos en términos del artículo 4º que a la vez señalaba que se trataba de casos de responsabilidad de servidores públicos por actos u omisiones en sus funciones.
Incluso columnistas como Sergio Sarmiento y Raymundo Rivapalacio coincidieron que la reforma zedillista tenía el tufo de un golpe de Estado. Pero había algo más en el aire que pocos señalaron, Zedillo llegó a la presidencia con la consigna de reformar el sector energético para abrirlo a los inversionistas privados y extranjeros. La reforma le permitiría al ejecutivo modificar la constitución para éste y otros fines como finalmente sucedió.
La reforma de López Obrador por su parte proponía reducir el número de ministros de 11 a 9 con una permanencia de 12 años en vez de 15, eliminar las pensiones vitalicias para los actuales y futuros ministros de la Corte y un tope de sus remuneraciones similar al máximo establecido para el ejecutivo.
La propuesta Obradorista, también contempla la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración ambos independientes de la Suprema Corte. La reforma también propone la renovación de los cargos del Poder Judicial cada dos años mediante elección popular, el primero fue este domingo y el segundo ocurrirá en 2027.
Entre otras, la crítica a esta reforma se fundamenta en que los cambios no contemplan a todo el sistema de justicia del país pues no toca los sistemas locales, ni las fiscalías que llevan el 80% de los casos del país que es donde suceden la mayoría de los casos de corrupción y abuso de poder.
Sin embargo, a diferencia de las coberturas a la reforma zedillista versus la de López Obrador, ha sido puesta a un mayor escrutinio por los medios y voces que en 1995 callaron y asumieron la reforma de Zedillo, mientras que hoy, claman incluso por la intervención extranjera ante lo que dicen es, un acto autoritario.
Lo que sí es un hecho, es que las distintas voces que criticaron la reforma de Zedillo, coincidieron en que su propuesta tenía como fin principal sacar a todos los magistrados nombrados por Salinas de Gortari que representaban más de un tercio de los magistrados y que le significaban un obstáculo, pues a los pocos días de aprobada dicha reforma, fue detenido Raúl Salinas acusado a ser el autor intelectual de la muerte de su cuñado Ruiz Massieu. La reforma fue respaldada por personajes como Fernando Gómez Mont, Francisco José Peniche y Bolio entre otros panistas encumbrados.
El ejercicio del domingo primero de junio, es un acto democrático por más que la oposición lo quiera negar, no es un proceso culminado y aún tiene muchas cosas por mejorar, éste es un cambio fundamental en la manera en que se establece los procesos políticos en México y en el que la SCJN deberá impartir justicia más allá de la falacia argumentativa de que se politizará pues eso ya ocurría, además de ser cooptada por intereses privados y por el crimen organizado.
Ahora lo que le toca a la ciudadanía, es vigilar que se cumplan los estamentos de la reforma y que se vaya más a fondo, pues las cúpulas como bien se dice, no están solamente en el poder central si no en los órganos locales y en la propia estructura de la Suprema Corte de Justicia. Pero quizás el mayor logro es que este proceso se ha dado sin la desestabilización social del país, sin enfrentamientos fratricidas y sin derramamiento de sangre pese a la violencia que genera el crimen organizado, pero de eso, hablaremos en otra entrega.