Esta semana arrancó el primero de dos periodos extraordinarios en el Congreso previstos para este verano. ¿Tiene sentido añadir un tercer periodo ordinario, además de los dos que fija la Constitución?
Actualmente, los artículos 65 y 66 constitucionales establecen que el primer periodo ordinario va del 1 de septiembre al 15 de diciembre (ampliable hasta el 31 en el año que cambia el Ejecutivo), y el segundo del 1 de febrero al 30 de abril.
En la redacción original de la Constitución de 1917 se estableció un único periodo ordinario de sesiones. Cada año, los legisladores estaban convocados del 1 de septiembre, con una duración máxima hasta el 31 de diciembre. Esta disposición se mantuvo durante 72 años.
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El 21 de diciembre de 1985, la Cámara de Diputados discutió un dictamen para crear un segundo periodo ordinario. El dictamen, presentado por el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Homero Pedrero Priego, contenía una argumentación política-jurídica interesante.
Según Pedrero, era central expandir el debate parlamentario como una expresión de la paulatina pluralidad que surgió de las reformas de 1977. Así, desde la perspectiva parlamentaria, la creciente diversidad política en las instituciones representativas del Estado Mexicano obligaba a crear nuevos equilibrios de discusión.
Los tiempos de la reforma no eran coincidencia: si bien atendía a una iniciativa presidencial de 1982, en diciembre del 85 el régimen de partido único enfrentaba el descrédito por los sismos de septiembre. Sí: había más legisladores de oposición, pero también la necesidad de canalizar institucionalmente a fuerzas políticas cada vez más combatientes.
La reforma de 1986 estableció, pues, por primera vez dos periodos ordinarios del Congreso quedando así: del 1 de noviembre al 31 de diciembre; y del 15 de abril al 15 de julio.
Otra reforma vendría en 1993 para regresar a septiembre como inicio del primer periodo, poniendo el 15 de diciembre como fecha límite (con la excepción vigente del día 31); y que el segundo fuera del 15 de marzo al 30 de abril. Una nueva ampliación vendría en 2004, para que el segundo periodo iniciara en febrero, en lugar de marzo.
Con la reforma política de 2014 se modificó otra vez el inicio del primer periodo para que fuese en agosto. No obstante, les tomaría 10 años a los legisladores darse cuenta de una paradoja jurídica: la vigencia de un Congreso electo para que terminara funciones en septiembre de 2024, y otro que sería electo en junio para que iniciara en agosto. La solución: regresar al texto de 2004, y dejar los periodos ordinarios tal y como los conocemos.
Para responder sobre la necesidad de tener un tercer periodo extraordinario o ampliar las fechas de los dos existentes se podrían tomar distintas rutas. Si lo pensáramos en términos de productividad, la actual legislatura ha sido mucho menos productiva en comparación al primer año del presidente López Obrador. De septiembre pasado a la fecha se han presentado 3 mil 72 iniciativas de las cuales se han aprobado 68, es decir: una productividad del 2.21%. Para el periodo similar de la LXIV Legislatura, la cifra fue de 7.58%.
Adelanto tres observaciones: primero, que en este periodo se aprobaron también 56 reformas de periodos pasados; segundo, que las reformas constitucionales recientes han cambiado profundamente el diseño del Estado Mexicano, y eso vale más que el número de reformas aprobadas en sí; tercero, que más iniciativas presentadas no significa legislar mejor, pues siempre hay ocurrencias legislativas o propuestas necias.
Si la idea es ampliar el tiempo de discusión para abordar más propuestas reflexivas sobre el andamiaje legal del país, bien valdría la pena entrar al debate y deliberar.
No obstante, parece oportuno regresar a la fundamentación que hace casi cuarenta años hacía el Dip. Pedrero desde la tribuna: que el legislativo sirva como expresión de pluralidad política. Si el Congreso actual tiene alta predictibilidad en cuanto a las formas de votación, y las mayorías son poco receptivas a las fuerzas minoritarias, en poco abona tener tres periodos ordinarios o sesiones de cinco meses. Antes de cambiar calendarios, deberíamos reflexionar sobre la disposición al diálogo y la pluralidad por las que el país atraviesa.