El número 92 de la Avenida Juárez, en el Centro de la Ciudad de México, tiene mala suerte. En los años cuarenta del siglo pasado, el lugar albergaba un edificio neocolonial de cuatro niveles, entonces sede de Pemex. Dos décadas después el inmueble fue demolido para construir un edificio moderno con más pisos.
Durante los setenta, lo ocuparon CONASUPO, Gobernación y Turismo; pero un incendio en 1977, y el sismo de 1985 dañaron su estructura. Tras reforzamientos y arreglos, el lugar albergó a la entonces Contraloría General del Distrito Federal, que duraría ahí 15 años. Abandonado desde 2012, el inmueble se llenó de personas en situación de calle y de comercio informal. El sismo de 2017 empeoró su estado y lo mantuvo acordonado por años.
En 2021, el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum lanzó el “Proyecto Juárez 92”: un edificio de 27 niveles con hotel, vivienda, oficinas, comercio y estacionamientos, financiado por capital privado.
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Menos de un año después, López Obrador solicitó al Gobierno de la Ciudad la donación del terreno para construir el Registro Agrario Nacional y el Archivo Nacional Agrario. Anunció que reivindicaría la importancia del segundo Archivo más importante del país, y crear un espacio digno para campesinos, ejidatarios y comuneros, “muy cerca de la Alameda”.
Desde 2022 la construcción del inmueble ha sido caótica, y la dependencia responsable, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), ha informado de manera muy limitada costos, tiempos y afectaciones.
La primera estimación de costo de la obra fue de mil millones de pesos, con fecha de entrega a mediados de 2024. Luego vinieron las irregularidades: hubo dudas sobre los ganadores del proyecto ejecutivo, los costos de la obra se incrementaron sin explicación, y los plazos de entrega se postergaron.
Para 2023, los costos superaron los 2 mil 300 mdp y, al año siguiente, ya costaba 500 millones más. En septiembre de 2024, Román Meyer (ex titular de SEDATU) y Pedro Salmerón (Director del Archivo Nacional Agrario hasta el 27 de mayo pasado), informaron que el avance de obra física era del 90%, y que se entregaría en diciembre. Ambos sepultaron la promesa de López Obrador de tener la obra antes de dejar su gobierno. Llegó diciembre y la obra no solo no se entregó, sino que se abandonó.
La construcción consideró remozar calles, banquetas y maceteras en la manzana donde se encuentra el nuevo edificio.
Pero por más de tres años los vecinos han sufrido serios inconvenientes: ruptura de tubos de agua que dejó sin suministro por meses a viviendas, cierre de calles, levantamientos de asfalto, contaminación auditiva y afectaciones estructurales por las vibraciones al transportar cientos de toneladas de hierro. Han ocurrido absurdos tan evidentes como el poner, quitar y volver a poner pedazos de calle o de banquetas ya puestas.
Otro absurdo fue también publicar en el Diario Oficial, en marzo de 2024, el cambio de domicilio del Archivo a partir de julio de ese año. Los trámites, inclusive, estuvieron suspendidos hasta enero pasado.
Es junio de 2025 y la obra abandonada reinició trabajos hace un par de meses. ¿Cuánto terminará costando? No se sabe. ¿Para qué fecha estará lista? Tampoco. Lo que es claro es que el lugar sigue con mala suerte: antes fueron incendios y terremotos, hoy son los funcionarios que ocultan costos y tiempos de entrega. Y la SEDATU, citando al clásico, calla como momia.