El proceso electoral judicial dejó sensaciones de escepticismo y una lección que como ciudadanía debemos analizar con seriedad. La elección de personas juzgadoras mediante el voto popular, inédita en nuestra historia, se realizó en condiciones profundamente cuestionables; escasa participación, celeridad de procesos descontrolada, desinformación y múltiples irregularidades en algunas casillas.
Entre los hechos documentados en la sesión del Consejo General del INE está que más de 800 casillas presentaron irregularidades graves, entre las que destacaron casillas que superaron el 100% de participación registrada respecto al número de votantes posibles, también casillas en las que todos los votos fueron para una sola candidatura, desde luego la distribución de los multirreferidos “acordeones”, mismos que fueron coincidentes con los resultados obtenidos en más del 80% de los distritos.
La gravedad de estos datos es innegable, revelan una operación de sectores organizados, lo que incluye tanto a operadores políticos como a votantes que siguieron los acordeones sin reflexión ni crítica, pero entonces ¿de quién es la culpa?
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También es momento de hacer una distinción, estas irregularidades acreditadas afectan apenas al 0.97% del total de casillas instaladas. ¿Es esto suficiente para invalidar todo un proceso nacional? La respuesta es no. El umbral mínimo de casillas con anomalías que podría sostener jurídicamente una nulidad debería ser, al menos del 20%. Lo que corresponde entonces, tal y como lo hizo el INE, es excluir del cómputo las casillas irregulares, dejar que las autoridades correspondientes investiguen, y validar lo demás; el 99% de las casillas en las que no hubo anomalías graves y donde sí votaron ciudadanos libre y legalmente, al menos en la teoría.
Ahora bien, lo que más debería inquietarnos no son esas 800 casillas, sino el silencio de millones. Debemos hacer hincapié en que esta elección tuvo una participación ciudadana válida de apenas el 9% del padrón electoral, la más baja en la historia democrática moderna del país y quizá de Latinoamérica. Hubo más votos nulos que votos válidos para la persona más votada, lo cual es un síntoma de desconexión entre la sociedad y los procesos institucionales, al menos en lo que refiere a la elección de personas juzgadoras.
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Aquí entra la responsabilidad que no podemos evadir, y es que la omisión también es una forma de complicidad. Si como ciudadanía no estábamos de acuerdo con la reforma, con los perfiles registrados fueran impuestos o no, con la manera en que se integraron las candidaturas, la forma de manifestar esa inconformidad no era quedándose en casa, sino acudiendo a las urnas y expresarse con un voto informado y libre. La abstención no debe entenderse como resistencia, sino como renuncia a nuestra responsabilidad, valieron más los votos nulos que los no efectuados, los votantes que siguieron los acordeones que el 87% del padrón que simplemente ignoró el proceso electoral.
Frente a la queja por imposiciones, por supuestas listas cerradas o nombres que no representan una auténtica opción, el único antídoto legítimo era y seguirá siendo la participación activa, no la comodidad del escepticismo sino la convicción del deber democrático.
Esta elección judicial no fue para nada perfecta, pero fue legal. No fue ejemplar, pero fue válida. La lección no debe ser un “nunca más”, sino “la próxima vez, mejor”. El 2027 nos dará una nueva oportunidad para decidir el rumbo de nuestro país, debemos recordar que las reformas, las reglas, nuestros representantes y los resultados son elegidos por nosotros, por la ciudadanía, claro, únicamente cuando participa.