En los últimos años, Zacatecas se ha convertido en un epicentro de la desaparición de personas en México, como lo han señalado distintas investigaciones (Cerbón & Valtierra, 2022; López & LEVIF, 2023). Además, en los meses recientes se ha evidenciado que en ocasiones las instituciones locales impiden que este tipo de víctimas puedan ser localizadas por sus familiares. Esta insensibilidad se manifiesta, en particular, en el trato y seguimiento que las autoridades brindan a las personas que se encuentran sin vida en las instalaciones de la Fiscalía local o del Servicio Médico Forense (Semefo).
A principios de mayo se conoció el caso de un joven de 20 años, originario de Durango, quien viajó a Zacatecas para trabajar como jornalero. Durante cinco años su familia no supo de él, hasta que se enteraron de que había sido localizado sin vida apenas una semana después de haber denunciado su desaparición. Su cuerpo fue trasladado a una fosa común en Fresnillo por la Fiscalía local, sin que ésta informara a la familia del hallazgo ni de la inhumación.
De forma similar, a mediados del año pasado se difundieron en todo el país las imágenes de una madre que reprochó públicamente a legisladores locales que su hijo —desaparecido ocho meses antes— había estado todo ese tiempo sin vida en el Semefo. De acuerdo con la madre de la víctima, la Fiscalía nunca le informó del paradero ni de la situación del joven, a pesar de que ella había presentado la denuncia correspondiente, proporcionado muestras genéticas y acudido reiteradamente a esa institución para conocer los avances de su denuncia.
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En ambos casos, las autoridades intentaron hacer pasar lo ocurrido como hechos aislados provocados por errores o descuidos del personal administrativo. Sin embargo, desde 2021 la propia Fiscalía de Zacatecas reconoció públicamente que su sede regional en Fresnillo no contaba con las condiciones para albergar adecuadamente a los más de 100 cuerpos sin vida que se encontraban en el lugar. Años después, en 2023, dicha institución nuevamente admitió que en las instalaciones del Semefo había más de 50 personas fallecidas y que probablemente serían enviadas a una fosa común antes de ser identificadas. Para 2024, el fiscal estatal informó que la crisis forense era aún mayor, ya que había aproximadamente 750 cuerpos sin identificar en todo el estado, de los cuales 243 permanecían en cámaras frías y 500 ya habían sido inhumados (Martínez, 2023; Mejía, 2024).
Este escenario obliga a preguntarse por qué, si las autoridades tienen conocimiento de la presencia de decenas o centenares de cuerpos sin identificar, no hacen lo necesario para que estos puedan ser reconocidos y reclamados por sus familias. El hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, así como otros casos documentados en trabajos periodísticos y académicos, permiten esbozar una respuesta. No se trata meramente de una incapacidad técnica de las instituciones, sino de la falta de voluntad política para atender la desaparición de personas, ya que hacerlo evidenciaría el involucramiento de distintas autoridades en la perpetración de esa y otras violencias.
Además, en el caso específico de Zacatecas, los sucesos mencionados tiran por la borda el supuesto éxito de la política de seguridad encabezada por la administración de David Monreal, que más que un proceso de pacificación, como asegura el gobierno local, representa una reconfiguración del orden criminal en donde se ha reducido el indicador de homicidio doloso, pero, al mismo tiempo, se profundizan otros delitos iguales o más preocupantes como el reclutamiento y el desplazamiento forzado o la trata de personas, entre otros. Por ello, no es de extrañar que la administración monrealista actúe de forma autoritaria, criminalizando y reprimiendo a colectivos y activistas que buscan develar dichas violencias.
En este contexto, resulta insostenible afirmar —como se hace desde la narrativa gubernamental, y se secunda desde otros sectores— que la desaparición de personas y otras violencias asociadas son únicamente responsabilidad de “actores particulares”. Por el contrario, el protagonismo del Estado en esta problemática es persistente. Esto no significa necesariamente que funcionarios públicos hayan participado de forma directa en las desapariciones, pero su responsabilidad es equiparable a ello si dificultan el hallazgo de las víctimas, el esclarecimiento de los casos y la posibilidad de justicia.
A pesar de todo, Zacatecas, como otras entidades del país, también ofrece motivos para no caer en un pesimismo total ni suponer la inevitable conformación de “zonas de silencio” donde prevalece la pasividad y la resignación. Ello no gracias a políticas públicas exitosas, sino al papel fundamental que han desempeñado diversas organizaciones que buscan visibilizar y transformar las lógicas que han hecho posibles violencias tan atroces como la desaparición. Destacan, por supuesto, los colectivos de madres y familias buscadoras, que se reúnen cotidianamente en plazas y espacios públicos para compartir experiencias y brindarse apoyo mutuo; pero también aquellas personas que, desde otros espacios como el periodismo, la investigación académica o la participación social, hacen visibles estos agravios y acompañan a las víctimas.
Referencias
Cerbón, M., & Valtierra, A. (2022, junio 14). Zacatecas: El nuevo epicentro de las desapariciones. Fragmentos de la desaparición. https://quintoelab.org/fragmentos/zacatecas-epicentro-desapariciones/
López, J. A., & LEVIF. (2023, julio 31). Radiografía e intensidad de la crisis de desaparición de personas en Zacatecas. A dónde van los desaparecidos. https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/07/31/radiografia-e-intensidad-de-la-crisis-de-desaparicion-de-personas-en-zacatecas/
Martínez, Á. (2023, mayo 18). 53 cadáveres sin identificar en la Semefo. Imagen Zacatecas. https://hemeroteca.imagenzac.com.mx/impreso/imagen-zacatecas-edicion-del-18-de-mayo-de-2023/
Mejía, I. (2024, julio 22). Zacatecas, con cientos de cuerpos sin identificar. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/estados/zacatecas-con-cientos-de-cuerpos-sin-identificar/
Alan Salvador Hernández Morales*
Es maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Flacso México.