Dentro de quince días México recibirá el pago de su segunda quincena de mayo… y celebrará la elección judicial. Del primer evento todos hablarán; del segundo, muchos harán como si no existiera. Por como ha sucedido el proceso, acá cinco puntos de lo que podríamos ver en la jornada electoral.
El porcentaje de participación será muy bajo. Según las encuestas disponibles, alrededor del 70% de la población sabe que habrá elecciones judiciales (Enkoll 71.0%, Mitofsky 76.6%), pero más de la mitad de la gente no sabe cuándo se llevará a cabo la jornada electoral (Enkoll 54.0%). Entre las cifras de aquellas personas que dicen estar absolutamente seguras de ir a votar, el número se desploma a 39.0% (Enkoll) y 27.6% (Mitofsky). El cruce de cifras entre las personas que dice que irá a votar y que sabe la fecha exacta de la elección, arrojan una participación estimada de 16% (Enkoll). Como comparación, en las elecciones federales de 2018 y 2024 se tuvo una participación de 52.0 y 59.6%, respectivamente. En la consulta de AMLO para enjuiciar a expresidentes se tuvo apenas el 7.0% de participación.
Habrá gente que saldrá a votar y no lo hará. El número de cargos complica la experiencia de voto. Para juzgadores federales habrá seis boletas con códigos numéricos para seleccionar candidaturas y, para las magistraturas y juzgados de distrito, deberán también identificarse colores según especialidad (penal, civil, etc.). Utilicé el simulador del INE (practicatuvotopj.ine.mx) para estimar cuánto tiempo tardaría un votante promedio. El ejercicio arroja casi 10 minutos para leer y completar las seis boletas. Inclusive en un escenario de baja participación, es dudoso que la gente acepte esperar tanto tiempo formado en la fila de una elección que no termina de comprender.
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El costo del voto judicial será de los más caros en la historia de México. Si tomamos únicamente el costo de organización del INE, que es de poco más de 7 mil mdp, con una participación estimada de cerca de 16 millones de votantes (más o menos el 16%), tenemos que cada voto costaría 438 pesos. En 2024 el costo fue de 207 pesos, y en 2018 menos de 200 pesos (todas las cifras sin considerar el financiamiento público a partidos políticos). En otras palabras: el costo se irá a más del doble con respecto a otras elecciones.
La nota el día de la elección será sobre la movilización, acarreo y compra de votos. Cuando en una elección hay poco interés ciudadano en participar, la espontaneidad del votante se pierde entre las estructuras de movilización del voto corporativo. Ganará quien más votantes lleve a las urnas, y quien mayores recursos tenga para la operación en territorio. Siendo los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones populares quienes mejores conocen de estas prácticas, es previsible ver lo inevitable: autobuses para llevar a la gente a votar, almuerzos gratuitos para los fieles, pase de lista a militantes y funcionarios de gobierno, y compensación económica a quien quiera vender su voto.
El 1 de junio nos iremos a dormir sin saber quién ganó. El escrutinio de votos no lo harán los funcionarios de casilla, sino quienes integren los consejos distritales del INE. Sin conteos rápidos ni PREP, y con tantas boletas, ni siquiera sabremos quién llegó a la cúpula judicial, es decir, la Suprema Corte o el Tribunal de Disciplina Judicial. A lo más, conoceremos encuestas de salida para tener algún indicio. Los resultados finales podrían tardar varias semanas en conocerse. Pero, incluso en el caso de que tuviéramos resultados la noche misma de la elección, lo más probable es que a la ciudadanía no les digan mucho ni los nombres ni los cargos de una justicia que, presuntamente, se arreglaría con esta elección. La gente pide justicia y, a cambio, se le invita a un ejercicio al que ni le entiende, ni le importa.