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Los Ángeles y la mano que mece la cuna

El principal proveedor de armas que terminan en manos de los cárteles mexicanos son fabricantes estadounidenses, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de EU resolvió que el gobierno mexicano no los puede demandar. | Eduardo Zerón García

Escrito en OPINIÓN el

La denuncia presentada por el gobierno de México ha sido, sin duda, una de las acciones más versátiles y valientes en la relación bilateral con Estados Unidos, sobre todo considerando que la industria armamentista estadounidense representa este año un mercado global de aproximadamente 320.86 mil millones de dólares, y se estima que alcanzará los 382.56 mil millones para 2030.

Los datos presentados por el gobierno mexicano son contundentes: el principal proveedor de armas que terminan en manos de los cárteles mexicanos son fabricantes estadounidenses, especialmente en estados como Arizona y Texas, desde donde se ha documentado un contrabando sin precedentes de armas y municiones.

La decisión de esta semana de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que resolvió que el gobierno mexicano no puede demandar a los fabricantes de armas estadounidenses por su presunta responsabilidad en la violencia del narcotráfico, representa un duro revés. No contribuye a reducir el poder de fuego de los grupos criminales, aunque tampoco niega un hecho central: entre el 70% y el 80% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos. México perdió el caso, pero ganó la narrativa.

México aún mantiene una segunda demanda pendiente en Arizona, esta vez contra tiendas específicas de armas. Se trata de una etapa de litigio multinivel, con impacto jurídico y, sin duda, diplomático.

La mano que mece la cuna 

Ante la inminente visita del secretario de Estado Marco Rubio y del exembajador Christopher Landau, el tema de las armas volverá a estar en el centro de la agenda bilateral. También lo estarán los recientes disturbios y protestas provocados por las acciones de ICE, que han encendido ánimos en sectores amplios de la comunidad hispana.

La reacción ha sido incendiaria y creciente, especialmente en la zona centro de Los Ángeles, ciudad que alberga a millones de extranjeros de diversas nacionalidades. Este estallido ha servido de catalizador para que ciudades como Boston, Chicago y Nueva York registren marchas multitudinarias, que ya se han convertido en un fenómeno recurrente en la actual administración.

Algunos detractores del gobierno de Claudia Sheinbaum han acusado a México de instigar las protestas, incluso la secretaria de Seguridad Kristi Noem acusó que los comentarios hechos por la mandataria mexicana alentaron más la protestas a pesar de que Sheinbaum fustigó en contra de la violencia en las protestas, ¿podría el Gobierno mexicano ser el instigador de estas acciones? Algo difícil.

Sin embargo, la política migratoria de la administración estadounidense —marcada por acciones duras y medidas punitivas— parece haber llegado a un punto de inflexión. Si las acusaciones fueran ciertas o no, el escalamiento del conflicto llega a un punto muy sensible, donde la fatalidad entre los manifestantes y las fuerzas del orden parecería ser inminente —ojalá no sea así—. Un héroe igual a más violencia

Lo cierto es que, el presidente Trump con miles de elementos de la Guardia Nacional y cientos de Marinos, parecen entrar también en un dilema por lo que hace al gobierno, si el Gobierno  se hace un lado, los manifestantes verían ésta como la fórmula para disuadir más redadas y se replicaron en toda la nación y por el lado si los manifestantes cesan sus acciones  podría parecería que perdieron la intentona de defender sus intereses, en medio de ello Trump advirtió que revisaría la Ley sobre Insurrección 

La Ley de Insurrección suspende temporalmente la Posse Comitatus Act, que usualmente prohíbe el uso del ejército en funciones de aplicación de la ley dentro del país. Aunque no requiere aprobación previa del Congreso, el presidente debe notificarlo al ejercer esta facultad. Se trata de una herramienta excepcional y de uso poco frecuente, debido al alto riesgo que implica militarizar la respuesta a conflictos civiles en territorio estadounidense.

Moneda al Aire: La última vez en que se intentó invocar esta Ley fue en los disturbios en 2020 cuando se llevaron a cabo fuertes protestas ante el homicidio de George Floyd, y en 1992 cuando pasó lo mismo en el caso de Rodney King.

Eduardo Zerón García

@EZeronG