La carta que la presidenta Claudia Sheinbaum envió a dirigentes y militantes de Morena hace unos días es de la mayor trascendencia para su partido. Por un lado, por la necesidad que tiene de mantener la unidad durante los próximos años. Por el otro, por el valor que sus simpatizantes le han otorgado a los valores y principios que le dieron origen al movimiento.
Los lineamientos aprobados el domingo pasado van más allá de un nuevo código de conducta. Están relacionados con reglas electorales que ya estaban plasmadas en las leyes, y con actitudes y comportamientos que despertaron grandes simpatías por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Su triunfo no se explica sin estas variables.
Las “modestas sugerencias” de la presidenta Sheinbaum deben ser interpretadas, paradójicamente, como un importante acto de autoridad. El mensaje está cargado de un fuerte simbolismo. Y aunque se diga lo contrario, sí está dirigido —en forma directa— a líderes y lideresas del partido que con sus acciones han dañado la reputación de su movimiento.
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A pesar del cuidado de formas que hubo por parte de los principales liderazgos en torno al Consejo, algunos medios de comunicación y redes sociales han evidenciado el desacuerdo de quienes se mantienen aferrados a mantener los “privilegios” y excesos a los que creen tener derecho. Pero tampoco hay que sorprenderse. Era una reacción previsible.
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Aún más. El texto de la presidenta puede ser interpretado como una decisión audaz, eficaz y oportuna. Audaz, porque asume los riesgos de una fractura mayor con quienes no reconocen plenamente su liderazgo. Eficaz, por el pragmatismo propagandístico para generar la percepción de que ella tiene y asume el control del partido. Y oportuna por el margen de maniobra que le da su decisión para corregir, lo que sea necesario, con miras a las elecciones de 2027.
Sin embargo, su decálogo no deja establecidas las sanciones en caso de incumplimiento. Descarga esa responsabilidad en la Comisión de Honor y Justicia del partido. Tampoco dijo nada, aún, sobre lo que sucederá en relación con los partidos aliados, en caso de cualquier traición de sus liderazgos al utilizarlos para saltarse las reglas aprobadas dentro de Morena.
En cualquier situación, el incumplimiento de algunos lineamientos no corresponde sólo al partido, sino a las autoridades electorales y judiciales. El uso de recursos públicos para beneficio personal, por ejemplo, no puede ser castigado únicamente con la pérdida de la afiliación partidista o la cancelación de una candidatura.
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Por otra parte, faltaría precisar los criterios, alcances y límites en algunos temas, tal y como sucede con las leyes reglamentarias. Las razones que justifican entrar en detalles son necesarias. Unas tienen que distinguir los derechos personales, como el uso de joyería, ropa, automóviles o consumos en restaurantes de lujo. Otras están vinculadas con los gastos de representación de los liderazgos en actividades institucionales.
Es cierto que la responsabilidad recaerá en la Comisión de Honor y Justicia. Pero también lo es que, en ciertos casos, las sanciones corresponderán a los poderes institucionales del Estado. Por eso, no es conveniente que la ambigüedad o la subjetividad se impongan en ninguno de los puntos pues esto facilitaría su incumplimiento o la generación de conflictos y controversias que irían en contra del objetivo de unidad.
Pongamos un par de ejemplos. ¿Cuáles serán los parámetros para identificar los límites de los gastos relacionados con la integridad y seguridad que requieren algunos funcionarios y líderes partidistas? ¿Cuándo un gasto personal será considerado como un derroche o lujo, de manera específica cuando el origen del mismo fue producto de un trabajo legítimo y honesto?
Es importante reconocer que, en el apartado de “considerandos” del proyecto de lineamientos aprobados por Morena, sí se detalla el sustento legal del decálogo aprobado. Identifica los artículos de la Constitución y de varias de las leyes que de ella emanan. Sin embargo, el reto para la presidenta Sheinbaum es evitar que la decisión termine siendo un acto superficial, efímero y simplemente retórico.
El pragmatismo y sentido de oportunidad que enmarcó la presentación del proyecto sólo pondrán un freno temporal a los excesos y falta de apego a los principios y valores que se quieren recuperar. Si no se va más a fondo, se incumplirá el objetivo de unidad y, lo peor, se incrementarán los abusos de poder y la impunidad. No hay que olvidar que desde el Poder Ejecutivo se puede hacer mucho más que decir “ya, pórtense bien”.
Si en verdad se quieren mantener los principios fundamentales de Morena como el partido de izquierda o democrático que dice ser, es evidente que no será posible en un sistema político en el que se sigan debilitando o en el que desaparecen los contrapesos. La historia ha demostrado que en modelos así se socava la confianza en las instituciones, se erosiona la legitimidad de las elecciones y se daña la reputación de todos los partidos.
Recomendación editorial: Dante Caputo (coordinador). Política, dinero y poder. Un dilema para las democracias de América Latina. México: FCE, OEA, 2011.