La confianza ciudadana en el Instituto Nacional Electoral (INE) es esencial para que la Elección Judicial pase la prueba de legitimidad. Como bien se ha reconocido en diversas instituciones públicas, privadas y sociales, el proceso no está exento de riesgos.
Para que la elección quede libre de cualquier sospecha, las autoridades electorales tienen que garantizar los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad. Sin embargo, la misión no está resultando sencilla.
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Varios de los problemas y conflictos que se anticiparon están ocupando espacios de importancia en los medios de comunicación y las redes sociales. Algunos tienen que ver con los procedimientos operativos que están bajo la responsabilidad directa de la institución. Otros, con la forma en que se están llevando a cabo las campañas.
Si bien no se percibe en el horizonte nada que pueda descarrilar la estrategia política para que el próximo 1 de junio tengamos una elección pacífica, es preciso contar ya con los planes de contingencia y los protocolos de comunicación respectivos para reducir los cuestionamientos que sin duda se harán por los resultados, sean cuales sean.
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Del análisis de riesgos que con seguridad todas las instituciones están haciendo, sobresalen cinco:
- El bajo nivel de participación ciudadana, que obedecerá principalmente a la reducción en el número de casillas, el desconocimiento de muchas personas sobre la información básica del proceso y la dificultad que tendrá el llenado de las boletas.
- El reconocimiento explícito de que existen candidaturas sospechosas o que no cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos por la Constitución. El problema principal aquí no es el porcentaje. Aunque sean pocas, ahí están y sin duda empañan el proceso.
- La posibilidad de que gane un gran número de candidatas y candidatos vinculados con Morena y sus aliados, lo que afectaría gravemente la independencia y autonomía judicial, condición indispensable de cualquier Estado de Derecho.
- La realización de campañas improvisadas, muchas de estas basadas en argumentos, promesas y compromisos falsos o con recursos de dudosa procedencia que rebasan los límites establecidos por la ley.
- El largo período de 9 días que habrá para dar todos los resultados. Si bien el INE aseguró que podrá dar los datos finales de la elección de ministras y ministros la noche misma de la jornada electoral, la de magistrados y jueces estarán listos entre el 6 y el 10 de junio.
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Cada uno de los puntos arriba señalados —ya sea en forma aislada o combinada— podría generar diversos efectos negativos para una institución a la que le llevó más de dos décadas construir su credibilidad y buena reputación. Esto sin considerar el daño que ha registrado a partir del presunto control que tiene Morena sobre una parte de sus consejeras y consejeros.
Aún más. Si el INE no logra contener los factores de riesgo, ya sea por la inacción o la falta da explicaciones fundadas sobre lo que sucederá en los meses siguientes, no sólo pondrá en duda su legitimidad técnica sino que se le podría percibir como facilitador de una “simulación democrática”.
Para evitarlo, el INE tendrá que demostrar cabalmente sus capacidades legales, técnicas y políticas. Por eso, está obligado a revisar y operar su estrategia de comunicación política, a partir de lineamientos, procedimientos y narrativas que se aparten de los modelos tradicionales como los que hoy está llevando a cabo. Los riesgos que está corriendo así lo ameritan.
Pero eso no es todo. Si quiere evitar un daño mayor en su reputación, tampoco debería permitir que se le perciba como la institución que contribuyó de manera determinante al retroceso en la democracia que algunos anticipan. Aunque esta premisa no resulte cierta, las críticas sí permearán en un porcentaje importante de la población.
Si bien es cierto que hoy todas las encuestas favorecen la Reforma Judicial y el proceso electoral que está en marcha, también lo es que la combinación de los riesgos avizora un escenario complejo que podría provocarle al INE daños aún más profundos. Por eso, la institución debe estar preparada para responder, entre muchas otras, las siguientes preguntas:
¿Cómo se justificarán los niveles tan bajos de participación? ¿Con qué argumentos se declarará ganador a algún candidato sospechoso o inelegible? ¿Cómo se explicará el triunfo de candidatos que no hicieron campaña o sobrepasaron, por mucho, los límites de gastos autorizados y el de aquellos que no respetaron el piso parejo? ¿Cómo se demostrará que muchos ganadores no representan al oficialismo? ¿Cómo nos convencerán que la tardanza en dar los resultados finales fue justificada?
A un mes de la elección, está claro que la mejor forma de derrotar a la sospecha es con argumentos sólidos y evidencias. ¿Los tendrán y presentarán nuestras autoridades electorales? Por el bien de nuestra democracia y la gobernabilidad, deseamos que así sea.
Recomendación editorial: Fernando Mayorga (compilador). Elecciones y legitimidad democrática en América Latina. La Paz, Bolivia: CLACSO, CESU, IESE, Plural Editores, 2016.