En los últimos años, el discurso gubernamental ha oscilado entre la austeridad y el compromiso social. El Paquete Económico para 2024 se presentó con un objetivo de reducción de las brechas sociales y responsabilidad fiscal. En la ejecución, la Cuenta Pública del mismo año reflejó un gasto superior al monto proyectado, por un lado, debido al aumento de 4.5% de los ingresos no petroleros, pero, por otro lado, se acompañó de un endeudamiento histórico que alcanzó el 5.8 % del PIB.
En un año electoral y con retos económicos, el gobierno federal gastó 9.2 billones de pesos, 1.5% más de lo aprobado y 7.5% más que en 2023. Los sobreejercicios se concentraron en sectores como energía, pensiones y seguridad nacional. Pemex y CFE, recibieron aportes patrimoniales y ejercieron más de lo presupuestado, mientras que rubros como salud sufrieron recortes, lo que contrasta con las prioridades del discurso gubernamental.
Detrás de estas decisiones hay una tensión evidente entre el gasto social y la responsabilidad fiscal. Aunque se registró un aumento en los ingresos presupuestarios, 2.2% más de lo esperado, estos no fueron suficientes para cubrir el gasto total. México creció 1.5 %, con una inflación de 4.2% y una producción petrolera a la baja, lo cual complica aún más la sostenibilidad del gasto ejercido.
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Al observar en qué y cómo se gastó, se aprecia una estructura presupuestaria donde el gasto programable aumentó 4.3%, y con ello se rebasó, por segundo año consecutivo, el Límite del Gasto Corriente Estructural. Esta violación a la regla fiscal refleja una tendencia: financiar programas sociales o inversiones simbólicas a costa de la sostenibilidad e inversión en sectores clave pero que siguen acumulando brechas presupuestarias en salud, educación o cuidados.
Como en años anteriores, los mayores incrementos en cuanto a lo presupuestado se observaron en Energía con sobreejercicio del 6.8%. Pemex, en particular, gastó 24.8% más de lo aprobado en gran parte para proyectos de inversión y pensiones. Por su parte, CFE excedió su presupuesto en 7.1%, principalmente por gastos operativos, así como pensiones y jubilaciones.
En contraste, se observaron subejercicios en áreas críticas: el sector salud tuvo subejercicio del 30.4%; seguridad y protección ciudadana del 29.9%; mientras que infraestructura, comunicaciones y transportes del 12.8%. Estos datos muestran una priorización selectiva que no responde a criterios de eficiencia social o equidad.
El costo financiero de la deuda también se incrementó: 4.9 % más que en 2023. Esto significa que estamos pagando más por nuestra deuda y que cada punto adicional que se destina al servicio de la deuda implica menos recursos para educación, ciencia o salud, entre otros rubros.
Para los años siguientes, el desafío no es menor: se necesita una reforma fiscal integral, transparencia en la ejecución presupuestaria y un debate público serio y con números reales sobre las prioridades del país. De lo contrario, el costo de la deuda lo terminarán pagando las próximas generaciones.
Como cada año, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) analizó el informe de la Cuenta Pública. El estudio puede consultarse en ciep.mx.
Judith Senyacen Méndez Méndez*
Directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas. Doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Obtuvo una maestría en Administración con especialización en Finanzas Corporativas y es licenciada en Economía por la misma institución. Ha cursado estudios de Evaluación Social y Económica de Proyectos en el ITAM, Model for Evaluation of Financing Options de la International Atomic Energy Agency (IAEA) y de Economía de la Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Tiene experiencia en evaluaciones socioeconómicas de proyectos públicos. Su ensayo titulado "Hacia un sistema sostenible de salud" fue reconocido por la Facultad de Medicina de la UNAM y por Funsalud como una propuesta innovadora para mejorar el Sistema de Salud en México. Se incorporó al CIEP en julio 2016 como Coordinadora de las investigaciones de salud y de finanzas públicas. Le interesa contribuir a un México donde la salud sea un igualador social y no un perpetuador de inequidades.