Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha que invita a reflexionar sobre los desafíos en el acceso y la calidad de los servicios sanitarios. Este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) centra su campaña en la importancia de garantizar la salud materna y neonatal, bajo el lema “Comienzos saludables, futuros esperanzadores”.
A nivel global, aproximadamente 300 mil mujeres mueren cada año por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. Las principales causas de estos fallecimientos incluyen hemorragias obstétricas (27%), trastornos hipertensivos (16%), abortos inseguros (8.8%) y sepsis (inflamación por infección, 11%).
En México, la situación no es ajena a esta problemática: cada año, alrededor de 850 mujeres pierden la vida por razones similares. Si bien la tasa de mortalidad materna ha mostrado una ligera reducción en los últimos años, aún existen desafíos importantes para garantizar la salud de las madres y los recién nacidos.
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En 2020, el impacto de la pandemia elevó la mortalidad materna a 46 defunciones por cada 100 mil nacimientos, mientras que en 2024 la cifra se ha reducido a 26.1, un avance significativo, pero todavía lejos de garantizar la seguridad plena de las mujeres durante el embarazo y el parto.
A pesar de esta realidad, el presupuesto destinado al Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva ha sufrido recortes importantes. En términos reales, la asignación de recursos para 2025 representa una caída del 6.9% respecto a 2018, lo que implica una disminución en la capacidad de atención y prevención de muertes maternas.
El acceso a una atención médica de calidad durante el embarazo, el parto y el puerperio no debería ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todas las mujeres. Sin embargo, la falta de inversión en salud pública y la persistencia de barreras económicas, geográficas y culturales continúan poniendo en riesgo la vida de mujeres y recién nacidos. La reducción de la mortalidad materna no es solo una meta sanitaria, sino un asunto de justicia social y equidad.
Ante este panorama, es fundamental reforzar estrategias que permitan avanzar hacia las metas establecidas en la Agenda 2030, que busca reducir la mortalidad materna y neonatal a nivel mundial. Para ello, la OMS sugiere un enfoque integral que incluya:
• Fortalecer el sistema de salud, garantizando la cobertura de servicios esenciales para mujeres embarazadas.
• Aumentar el presupuesto, asegurando los recursos necesarios para mejorar la infraestructura y la capacitación del personal médico.
• Reducir barreras económicas, implementando subsidios y programas públicos que faciliten el acceso a la atención médica.
• Impulsar campañas educativas, tanto para la comunidad como para los profesionales de la salud, con el fin de mejorar la prevención y respuesta ante emergencias obstétricas.
El Día Mundial de la Salud refuerza la importancia de la inversión pública en programas y acciones que garanticen un comienzo saludable, el cual es clave para construir futuros esperanzadores. Invertir en salud materna no solo salva vidas, sino que contribuye al bienestar de las familias, fortalece el desarrollo comunitario y genera sociedades más justas y equitativas.
Judith Senyacen Méndez Méndez*
Directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas
Doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Obtuvo una maestría en Administración con especialización en Finanzas Corporativas y es licenciada en Economía por la misma institución. Ha cursado estudios de Evaluación Social y Económica de Proyectos en el ITAM, Model for Evaluation of Financing Options de la International Atomic Energy Agency (IAEA) y de Economía de la Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Tiene experiencia en evaluaciones socioeconómicas de proyectos públicos. Su ensayo titulado "Hacia un sistema sostenible de salud" fue reconocido por la Facultad de Medicina de la UNAM y por Funsalud como una propuesta innovadora para mejorar el Sistema de Salud en México. Se incorporó al CIEP en julio 2016 como Coordinadora de las investigaciones de salud y de finanzas públicas. Le interesa contribuir a un México donde la salud sea un igualador social y no un perpetuador de inequidades.
