A unos días de la jornada electoral, las proyecciones de las empresas encuestadoras coinciden: la abstención será elevada. El reto de motivar a la ciudadanía para acudir a las urnas enfrentó diversas dificultades que tendrán que ser evaluadas para evitar que se afecte, aún más, la credibilidad en la elección judicial.
Desde un principio se identificaron los obstáculos principales. Por un lado, los relacionados con el menor interés que genera cualquier elección intermedia, comparado con el de una elección presidencial. Por el otro, los relacionados con la reducción significativa en el número de las casillas, ocasionada principalmente por razones presupuestales y logísticas.
Los especialistas señalan, además, el alto grado de dificultad que tendrá el llenado de boletas. La competencia simultánea de 4 mil 350 candidatas y candidatos hace prácticamente imposible que el votante identifique y cruce en los impresos los nombres de sus preferidos en forma rápida, precisa y clara, como lo ha hecho por años.
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Pero esto no es todo. A lo anterior debemos sumar las limitaciones que la autoridad electoral impuso a las y los candidatos. También las malas campañas que, en gran cantidad, realizaron aspirantes sin experiencia política ni comunicacional, sin una adecuada asesoría, o con presupuestos muy limitados.
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En un país democrático, la legalidad y la legitimidad de una elección tiene su fundamento en la participación de la mayoría y, sin duda, en el voto libre, directo y secreto que ejerce la ciudadanía. Bajo estos parámetros, la abstención no sólo es un problema electoral. Podría convertirse en un problema estructural del sistema político.
Si bien es cierto que el abstencionismo electoral es legal en casi todos los países democráticos, también lo es que la baja participación tiene un impacto en la legitimidad de los procesos. La razón es obvia: el consentimiento que se otorga a los gobernantes para dirigir deben surgir de una mayoría, no de un pequeño porcentaje de la población.
Por lo tanto, la confianza es el cimiento de la legitimidad. De ahí la importancia que tiene en una elección simplificar el proceso de votación, facilitar el acceso a las urnas, dar resultados en el menor tiempo posible, dar certeza de los resultados y garantizar la transparencia en todo el proceso electoral.
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Para mantener o incrementar la confianza en una elección se requiere actuar desde varios frentes. El más importante es el de las autoridades electorales. Tengamos presente que nunca es bien recibida la noticia de una baja participación porque es resultado de un fracaso. A mayor participación, mayor legitimidad.
Con base en la información más reciente, la misma noche de la elección el INE informará el número de ciudadanas y ciudadanos que participaron. Lo que no sabremos pronto son las razones por las que la gran mayoría no acudió a emitir su voto. Tendremos que esperar a los resultados de las encuestas postelectorales.
Los datos que se obtengan de estos estudios serán muy importantes para corregir en 2027. Seguramente sabremos con mayor precisión cuáles fueron las dudas, prejuicios y cuestionamientos. Conoceremos hasta dónde influyó la campaña de la oposición para no votar o si las malas campañas que predominaron en el proceso se impusieron a las buenas intenciones de los aspirantes.
Si se mantiene el optimismo de quienes creen en la Reforma del Poder Judicial, lo que sucederá el próximo domingo no será el fin de la democracia. Con un listado de electores cercano a los 100 millones de personas, nos dicen, podrían votar hasta 20 millones, cifra que no debe menospreciarse a pesar de que la movilización de estructuras partidistas será clave en los resultados finales.
Que se diga fuerte y claro: el escenario de un alto nivel de abstención no será lo óptimo, pero no olvidemos que optar por no votar también es una decisión política que se debe respetar. Quienes no votarán enviarán un mensaje que debe ser correctamente interpretado si en verdad se busca preservar nuestra democracia.
Para algunos, la decisión de no ejercer su derecho al voto será reflexionada y consciente. Manifestarán su descontento con el proceso o el rechazo de quienes están contendiendo. Para otros, la apatía o el desinterés mostrarán su desconfianza hacia quienes están gobernando.
De cualquier forma, es posible asegurar que las autoridades de los tres poderes —y de los tres niveles de gobierno— no tuvieron éxito para lograr el voto informado. Más allá de si fue una decisión premeditada, quienes están a favor y en contra se seguirán atacando.
Aunque la diferencia y el antagonismo son parte de la normalidad democrática, esperemos que de uno y otro lado se reconozcan, aunque sea internamente, los errores evidentes que cometieron en sus estrategias de comunicación política.
Recomendación editorial: Enoc Francisco Morán Torres y Enrique Chaires Ramírez (coordinadores). Elecciones y democracia. México: Editorial Tirant Lo Blanch, 2024.
