Uno de los temas más ríspidos en la lucha contra el crimen organizado en México, es el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, del que las autoridades mexicanas siempre han responsabilizado a las estadounidenses. De hecho, en agosto de 2021, el gobierno del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, interpuso una demanda civil por daños en contra de diversas empresas estadounidenses fabricantes y vendedoras de armamento, demanda a la que le siguió una más en octubre de 2022.
Independientemente de cómo se desarrollen las demandas en contra de las compañías Smith & Wesson e Interstate Arms, así como Diamondback Shooting Sports Inc, SNG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC, y Sprague’s Sports Inc, los litigios no aspiran a abordar la problemática del tráfico de armas hacia nuestro país. Dichas empresas pertenecen a una industria protegida por la legislación estadounidense, y obedecen a un criterio de responsabilidad y complicidad empresarial con los cárteles de la droga mexicanos.
Pero más allá de estas grandes corporaciones, las incautaciones realizadas por autoridades mexicanas a grupos del crimen organizado dan muestra de que una gran parte de las armas proviene de fabricantes estadounidenses independientes, incluso éstos últimos representan el 83% del tráfico de armas que entra a nuestro país ilegalmente, incluidas las más peligrosas, una cantidad exorbitante si se considera que anualmente ingresan clandestinamente entre 213 mil y 230 mil armas de fuego a México.
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Por mencionar un ejemplo, desde 2018 el armero de un pueblo rural en San Antonio, Texas, junto con media docena de personas más fueron investigados por vender armas y municiones con valor superior a medio millón de dólares al Cártel del Noreste, un cártel mexicano que desde febrero pasado es catalogado como organización terrorista por el gobierno estadounidense. De acuerdo con una reciente investigación de The Conversation, en 2018 el armero Brian Morris compró cientos de rifles, incluyendo rifles Barrett calibre .50, para convertirlos en ametralladoras "fantasma" sin serializar y venderlas a través de un intermediario estadounidense al Cártel del Noreste. Por otro lado, el comerciante de armas Zeroed in Armory vendió más de 170 armas a Morris durante ocho meses, dos de ellas fueron recuperadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En este sentido, empresas independientes de armas de fuego como Zeroed in Armory es uno de los mayores proveedores de armas compradas en Estados Unidos y traficadas a México, inclusive, Zeroed in Armory encabeza la lista de distribuidores independientes de armas, con 488 armas en México rastreadas hasta la tienda.
Es cierto que la mayoría de las armas que ingresan ilegalmente a México ni se incautan ni se rastrean, no obstante, en al menos cien casos judiciales en Estados Unidos entre 2008-2012 y 2014-2023 han salido a relucir tanto cadenas de tiendas independientes como armas vendidas y halladas en eventos delictuosos en nuestro país en los meses de noviembre de 2018 y 2020, armas que han sido rastreadas por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos hasta las armerías de ese país.
Es innegable que existe un vínculo indisoluble entre las armas que se venden en territorio estadounidense legalmente y se internan al mexicano de manera ilegal para uso crimen organizado, lo que alude a la existencia de redes criminales en las que tanto estadounidenses como mexicanos están involucrados, incluidas la enorme corrupción en los puntos fronterizos entre Estados Unidos y México y de la cual Donald Trump acusa al gobierno mexicano y, a su vez, éste último parece hacer caso omiso o al menos no lo hace público.
Lo evidente a todas luces, es que el poder en armas que tienen los cárteles mexicanos de la droga les otorga la capacidad de confrontación con las fuerzas armadas de nuestro país. Sólo por mencionar un ejemplo está el llamado “culiacanazo” ocurrido en octubre de 2019 en el que el ejército mexicano se vio igualado por el cártel de Sinaloa, pero hay otras zonas en dónde el crimen organizado también ha demostrado contar con esa magnitud de confrontación y, en consecuencia, desestabilizar al Estado.
En este tema, como en otros de la agenda bilateral, se puede decir que hay un antes y un después. La política de seguridad desplegada por la presidenta Sheinbaum y la designación de los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas se han conjuntado para que el presidente Trump manifieste su preocupación por el tráfico de armas a nuestro país. Nos falta ver qué medidas tomará Washington para contener la ola de armas que cruza a México y qué hará el Gobierno Federal para hacer más eficientes las aduanas del país.