Estamos a unos días de que en México se lleve a cabo una elección en donde la ciudadanía con su voto podrá elegir a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; a las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; a las y los magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a las magistraturas de Circuito y a las personas juzgadoras de Distrito.
Además, en 19 entidades federativas los respectivos congresos locales hicieron modificaciones a sus constituciones y normas secundarias para que la ciudadanía tenga oportunidad de votar por distintos cargos de los Poderes Judiciales locales. Estos estados son: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Bajo este contexto, mucho se ha debatido en últimas fechas sobre si resulta viable asistir a las casillas para emitir nuestro sufragio o simplemente abstenernos.
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Esta dualidad parte de quienes están a favor de que las personas juzgadoras sean electas democráticamente con el objetivo, a su decir, de fortalecer el Poder Judicial, darle legitimidad, abatir la corrupción, generar una justicia pronta y expedita entre otras particularidades.
Del otro lado, se encuentran los que no participarían; este grupo podríamos dividirlo en dos. El primero, aquéllas personas que no participarán por falta de información o entendimiento de si la elección judicial tiene alguna importancia. El segundo grupo es más complejo, debido a que, en su mayoría, tienen la convicción de no asistir a las urnas a votar porque consideran, entre otras referencias, que la elección de personas juzgadoras no necesariamente puede mejorar la justicia y el Estado de Derecho; representa un fraude, una simulación; por qué hay otras prioridades urgentes en el país, que desmembrar al Poder Judicial; que con nuestro voto no se acabarán diversos problemas del Poder Judicial como la corrupción, por ejemplo, entre otras.
A todo esto que tiene dividida a nuestra sociedad en dos polos, observamos que el poder político se encuentra también dividido. El gobierno y los partidos políticos afines, junto con sus respectivos legisladores se encuentran impulsando la participación de la ciudadanía en esta elección, pero, por el otro lado, la oposición va en sentido contrario.
Por si fuera poco, en el canal de comunicación que se ha posicionado en últimas fechas como la vía de conocimiento, de intercambio de opiniones, de información y hasta un referente importante que influye en la población para su la toma de decisiones, encontramos este debate polarizado, me refiero a las redes sociales.
Ejemplos de lo que fluye en las redes sociales son muchas que van desde la promoción a participar, a no participar, a exhibir supuestos “acordeones electorales”, a exhibir a personas candidatas a juzgadoras, campañas innovadoras de jóvenes que bien podrían retomar los partidos políticos para hacer las suyas con ideas claras y pocos recursos, entre muchas referencias más.
Ahora bien, independientemente de todo lo aquí apuntado queda claro que la elección judicial es un mandato constitucional y legal en el que, si bien si no participamos no pasa nada a pesar de que en la Constitución sí establece una sanción, pero en los hechos no se materializa, consideró que no hay mejor forma de manifestarnos, a favor o en contra, que participando.
Nuestro voto informado puede definir un rumbo diferente para el Poder Judicial, puede convertirse en la exigencia social de que las personas juzgadoras electas cumplan sus funciones, puede ser el referente para exigir a quienes impulsaron la reforma judicial las desviaciones que este proceso puede significar, entre otras consideraciones más.
No obstante, en libertad cada quien definirá si participa o no en esta elección judicial.