Algo no cuadra. Algo huele mal. Algo se ha salido del guion de lo que podríamos llamar “normalidad democrática”. Las señales ya no son aisladas ni ambiguas: estamos presenciando una peligrosa connivencia entre el gobierno de Morena y el crimen organizado. Lo que antes era insinuado, hoy se exhibe con una naturalidad escalofriante. Las anomalías se han vuelto rutina, los silencios del poder resultan más escandalosos que sus palabras y lo impensable se ha vuelto costumbre.
No es la excepción del alcalde de Movimiento Ciudadano en Teuchitlán que resultó estar más que involucrado en lo que pasaba en el rancho Izaguirre, es la forma en que el Estado está sobrepasado (o pactado), las cifras que desde Estados Unidos dictan que una tercera parte del territorio está dominado por el crimen organizado, es la normalización de la barbarie, la aceptación de los toques de queda y de funciones del Estado directamente ejercidas por criminales.
No son casos sueltos. No es paranoia. Es un patrón. Y es urgente preguntarnos qué está pasando. Algunos comentarios al respecto:
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- En Baja California, el sábado pasado se hizo una “carne asada” masiva para exigir la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar, a quien Estados Unidos le revocó la visa sin dar mayor explicación. Casualmente y por motivos académicos yo estuve esos días en Tijuana y en Mexicali y el secreto a voces es claro: la gobernadora pactó con el crimen organizado. Hace un par de años había sido señalada por tener algún interés (directo o vía prestanombres) en un bar donde desaparecieron decenas de jóvenes. Al no hacer nada la autoridad federal y respaldar a la gobernadora, la gente quemó el local y ahí sigue, quemado, como monumento a la impunidad.
- La embestida contra el periodista Héctor de Mauleón no es un caso más. Es un intento deliberado por silenciar a una de las voces más lúcidas y documentadas del país, una de las personas que más saben de los vínculos con el crimen organizado y el poder. Cuando el gobierno junto al crimen organizado se sienten con la fuerza de demandar periodistas y es directamente la asesora de un gobernador quién opera la demanda, algo se ha roto. Cuando el Estado no los defiende, sino que guarda silencio, algo se ha entregado y es ocioso discutirlo porque la verdad se vuelve aplastante.
- Mientras redactaba la presente columna fue asesinada Ximena Guzmán, la secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Y aunque los detalles siguen saliendo a cuentagotas, el hecho de que una funcionaria tan cercana sea ejecutada (porque claramente fue una ejecución) en plena luz levanta toda clase de sospechas. No hay precedente reciente de algo así. No puede tomarse como un hecho aislado. No en este contexto.
- Las evidencias no paran con Baja California o la CDMX. En Sinaloa, Rubén Rocha Moya sigue siendo acusado de permitir y hasta justificar la operación del narco en procesos electorales, y eso sin sumar la famosa noche de la entrega del “Mayo” que no se ha aclarado, y la violencia que desde aquella noche se desató y no ha parado. En Tamaulipas, Américo Villarreal tiene vínculos que nadie quiere investigar y todos conocen. En Morelos, en Guerrero, en Zacatecas, en Sonora, la presencia del crimen no sólo es tolerada: es parte del poder.
- Mientras tanto, Yucatán y Querétaro —los estados con menor presencia militar y mayor orden institucional— se mantienen como los más seguros del país. No hay coincidencias. Hay relación directa entre orden civil, Estado de Derecho, presencia institucional y seguridad. El Ejército no es la respuesta a todo. El pacto con criminales, mucho menos.
¿Es exagerado decir que estamos frente a un narcoestado? Tal vez. Pero es ingenuo no ver que vamos directo hacia allá. Porque el narco no solo mata, también pacta. También financia y también gobierna.
Y mientras tanto, el país, como diría Paz, se pudre en silencio.