Una nueva iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión está sobre la mesa, y como toda propuesta, merece que la evaluemos críticamente. La propuesta de ley tiene áreas de gran avance y otros puntos muy contenciosos. Pero me detendré brevemente, en estos puntos: internet, medios comunitarios y autonomía del regulador.
Internet en la mira
En las justificaciones y principios de la nueva ley, se cita y defiende la así llamada neutralidad de la red para impulsar el principio de equidad digital, lo que sin duda será celebrado por muchos usuarios. Se habla, además, de garantizar el acceso a internet de banda ancha como un derecho y de asegurar que tengamos información plural y oportuna. Incluso se mencionan avances como el derecho de las audiencias a que se diferencie claramente la información de la opinión, lo cual es positivo, así como el énfasis en la “cobertura social y universal”, buscando llevar internet a zonas marginadas, incluso con el Estado como proveedor directo. Ampliar el acceso es, sin duda, un paso hacia la democratización.
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Sin embargo, estas buenas intenciones chocan con los mecanismos de control que se pretenden instaurar. He aquí lo contencioso: el Artículo 210 prohíbe la difusión de publicidad o propaganda de gobiernos extranjeros (salvo fines culturales/turísticos) tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales y faculta a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) a colaborar con autoridades competentes para el “bloqueo temporal a una Plataforma Digital” por incumplimientos normativos, debiendo emitir lineamientos para dicho procedimiento. Si bien la regulación de plataformas digitales es un debate global necesario, otorgar esta facultad a una Agencia dependiente del Ejecutivo es preocupante. La falta de criterios claros y mecanismos de control judicial expeditos y previos para ejercer este poder de bloqueo, genera mínimo dudas sobre la eficiencia regulatoria, y por otro, un riesgo tangible de discrecionalidad y potencial uso para la censura o la limitación de la libertad de expresión. A esto se suma la obligación de colaboración con la justicia y la conservación masiva de metadatos de comunicaciones por 24 meses, lo que, aunque justificado en la persecución del delito, impacta la privacidad y podría tener un efecto inhibidor en el periodismo de investigación o el activismo si no se gestiona con extrema cautela y supervisión judicial robusta.
Voces comunitarias ¿sostenibilidad real?
La iniciativa muestra una intención explícita de fomentar la pluralidad a través del apoyo a medios de uso social, particularmente comunitarios, indígenas y afromexicanos, a quienes se les establece la figura de asociación civil. Esto se materializa en la reserva del 10% de la banda FM (Art. 47) y en la definición de otros mecanismos de financiamiento como patrocinios y venta limitada de publicidad local. Estos son pasos formalmente positivos. Sin embargo, recordemos que estos medios comunitarios suelen operar con las uñas y tener problemas de recursos y sostenibilidad financiera a largo plazo. Falta ver si estos mecanismos serán suficientes para que realmente puedan sobrevivir, innovar y competir en un ecosistema digital cada vez más complejo. Mientras los grandes medios acaparan, como siempre, la publicidad oficial, la obligatoriedad de conceder 1% de publicidad oficial no cambió respecto de la ley anterior, lo que supone que todos los medios, más los que aparezcan, se reparten un pastel cada vez más reducido, aún si ya se diversificaron sus fuentes de financiamiento.
Adiós autonomía, hola incertidumbre
Quizás el cambio más profundo y preocupante es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano que, con sus bemoles, era constitucionalmente autónomo aún si en la práctica constantemente era sujeto a intentos de captura por parte de los grandes consorcios. Nadie niega las falencias que tenía, pero el remedio salió peor que la enfermedad. No sólo las funciones del IFT serían absorbidas por la ya mencionada ATDT, una dependencia directa del Poder Ejecutivo Federal. Una regulación efectiva, que proteja derechos y no agudice desigualdades, necesita un árbitro independiente, tanto del gobierno como de las empresas poderosas del sector. De ambos, el IFT era vulnerable al poder del mercado, pero esta nueva agencia, al gobierno. Si el regulador depende de la Secretaría de Estado en turno, se vuelve vulnerable a los vaivenes políticos, a las prioridades del momento y pierde la capacidad de aplicar las reglas con visión técnica y de largo plazo. Países con democracias consolidadas se esfuerzan por asegurar la independencia de sus reguladores de medios y telecomunicaciones, porque entienden que es clave para el equilibrio de poderes. Esta iniciativa parece ir en sentido contrario, centralizando el poder en el Ejecutivo, lo que representa un riesgo considerable para la libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad que tanto necesita nuestro ecosistema mediático y digital. Un órgano regulador, para ser creíble y efectivo, tiene que ser y parecer independiente.
En síntesis, la iniciativa trae propuestas interesantes para ampliar la conectividad y apoyar a medios comunitarios, pero también plantea serias interrogantes sobre la concentración de poder, los riesgos de censura y el debilitamiento de la autonomía regulatoria. Se crea así una tensión: por un lado, se busca proteger a los usuarios y combatir la desinformación; por el otro, se corre el riesgo de que estas herramientas se usen para limitar el debate o la información crítica, especialmente si quien las maneja es una agencia gubernamental. Ni la figura del Defensor de Audiencias, valiosa y necesaria, es suficiente ni puede compensar la falta de un contrapeso real al poder centralizado del regulador. Concentrar tantas facultades en una entidad del Ejecutivo, sea del partido que sea, en lugar de mantener un órgano autónomo con espacios para la deliberación pública, podría ser un retroceso en el control ciudadano sobre un sector vital para la democracia. El diablo, como siempre, está en los detalles, y en este caso, los detalles podrían definir el futuro de cómo nos informamos y expresamos en la era digital.