En días pasados se dio a conocer una publicación coordinada por los profesores Saúl Lopez Noriega y Javier Martín Reyes cuyo título es el de esta columna “La tormenta judicial”.
Reúne doce capítulos y el prólogo de Roberto Gargarella, uno de los más prestigiosos constitucionalistas latinoamericanos.
Autores de la talla de Francisca Pou, Guadalupe Salmorán Alonso Zepeda, Andrea Pozas, Julio Ríos, Alfonso Oñate, Sergio López Ayllón, José María Lujambio, Mariana Velasco, Omar Hernández, María Amparo Hernández, Rodrigo Brito, Daniel Quintanilla, así como los coordinadores de la obra, escriben sobre diversos temas concernientes a los contenidos y efectos de la reforma: el contraste con la elección de jueces en Estados Unidos, los riesgos de captura, la asignación de cargos por distrito, la carrera judicial, el régimen disciplinario, las falacias del argumento de la decisión popular, sus efectos en la justicia, la eliminación de las salas de la Suprema Corte, el sistema de precedentes, las reformas locales, los jueces sin rostro.
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El libro es la documentación anticipada del gran fracaso que es y será la reforma judicial. La previsión de los efectos destructores de la reforma no requiere una bola de cristal, apreciar su fracaso parte del análisis de las condiciones y de los fundamentos en los que se sustenta. Lo que mal empieza, mal acaba.
Gargarella quien ha dedicado gran parte de su obra a analizar diseños constitucionales en Latinoamérica y sus efectos (por ejemplo, en “La Sala de máquinas de la Constitución: dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810 – 2010)”, Katz, 2014), afirma que la reforma mexicana es “una de las mayores tragedias institucionales de nuestro tiempo”.
La reforma, en palabras del constitucionalista argentino, es una acción de colonización del poder político para controlar y someter al poder judicial extremando “hasta la caricatura” la crisis representativa y la idea de democracia.
La elección de juzgadores aprobada en la reforma quiebra la imparcialidad y el mérito como presupuestos en los que debe basarse la función de juzgar; otorgando, además, un fuerte poder dirigista del poder político en la selección de candidaturas. Los Comités de selección, sostienen Reyes y López Noriega, tienen una enorme discrecionalidad para decidir quién puede competir por un cargo y quién no. Los datos de quienes son candidatos y las probabilidades que tienen de ganar confirman lo dicho: será un poder judicial predominantemente partidizado. Si el juzgador está partidizado, equivale a decir que la justicia estará ya sesgada y el poder tiene las de ganar cuando sea cuestionado. La reforma es una abdicación anunciada de la justicia.