Se ha presentado ya en el Congreso la Iniciativa de Ley en materia de competencia económica. La propuesta no solamente sustituirá a la anterior Ley Federal de Competencia Económica, también tendrá una nueva forma de gestión institucional: desaparecerá la Comisión Federal de Competencia Económica como órgano constitucional autónomo y en su lugar estará un órgano dependiente del Ejecutivo.
La competencia económica supone una forma de operación de la economía que es el mercado y, por tanto, del capitalismo. La reforma no cuestiona al capitalismo como forma de organización de la economía, pero sí las formas en cómo el Estado intervendrá en aquella. Esto supone definiciones políticas que son formalizadas jurídicamente.
Así pues, la nueva iniciativa es leíble tanto en términos económicos como políticos.
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¿Por qué es importante la forma en la cual se regula la competencia económica y las formas en las que el Estado interviene? En términos muy elementales, podría decirse que regular la competencia es importante porque en el mercado quienes tienen poder económico pueden establecer condiciones que pueden desplazar indebidamente a sus competidores. Tal posibilidad conduce a crear monopolios en perjuicio de los consumidores. Por eso es necesario prevenir y sancionar prácticas monopólicas o bien concentraciones de empresas que por su tamaño en el mercado pueden afectar la competencia.
¿Por qué el Estado debe intervenir y no dejar que el mercado funcione libremente? Es aquí donde se da el debate sobre el papel que el Estado debe tener sobre la economía y también de los debates sobre las concepciones que se tienen sobre el mercado. Una idea neoliberal ortodoxa sería partidaria de que el Estado no debe intervenir en el mercado porque éste se auto regula. Lo cierto es que, pese a los calificativos que ha hecho el actual régimen calificando de neoliberal a la anterior regulación, la legislación antimonopolios parte de que el mercado tiene fallas que justifican la intervención del Estado. Más que un Estado neoliberal, la idea que animó la regulación que se deroga es la de un Estado regulador que debe garantizar terreno parejo a los agentes económicos y ser neutral en la competencia entre ellos. En esa idea el órgano regulador debería ser lo más autónomo tanto de los intereses políticos del gobierno como de los factores económicos.
Es en esto donde residirá el quid de la nueva regulación propuesta. Desaparece el órgano constitucional autónomo y se crea la Comisión Nacional Antimonopolios con personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía técnica y operativa. Pero ¿qué significa esa autonomía? El conocimiento de la autonomía es el resultado de diversos factores: quiénes y cómo se designa y remueve a sus integrantes, qué facultades tiene, cuál es su presupuesto, quién y cómo se determina, por ejemplo.
Así, resulta que el órgano de gobierno se integrará por cinco personas nombradas por el Ejecutivo, por periodos escalonados de siete años y ratificadas por la mayoría calificada en el Senado de la República.
El diseño del nuevo órgano de competencia, en contraste con el que asumirá la regulación de las telecomunicaciones (la Agencia de Transformación Digital) no llega al extremo de centralizar la función. La descentralización da márgenes de autonomía pero que por sí mismos no son suficientes, importa y mucho en quiénes recaiga el nombramiento. Al respecto la propuesta perfila el cargo al señalar los requisitos: al menos ocho años de experiencia previa en actividades relacionadas con la materia, no haber ocupado algún cargo de elección o en el gabinete los tres años previos a su nombramiento, no haber sido empleado de alguna empresa sancionada o investigada al menos cinco años previos al nombramiento.
Los anteriores aspectos descritos, son algunos de los aspectos que destacan en una lectura inicial y que profundizaré en colaboraciones posteriores.