El pasado viernes, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU anunció el inicio del procedimiento establecido en la Convención Internacional de la materia ante un posible contexto generalizado o sistemático de desaparición en un país, con el propósito de analizar la preocupante situación en México y determinar si, a partir de la información con que cuente, este caso es llevado con carácter urgente a la Asamblea General de Naciones Unidas por medio de su secretario general.
Desde luego no es un escenario cómodo para el gobierno de nuestro país, ya que es la primera vez en la historia que se activa este procedimiento y pone a nuestro país en el foco internacional no precisamente por buenas razones, pero no por ello se explican las reacciones que ha desatado en el oficialismo. De inmediato el gobierno federal a través de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores e incluso de la misma presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Estado mexicano incurra en la práctica de desaparición forzada, en tanto que la irrelevante y casi inexistente CNDH de plano rechazó que atravesemos por una crisis por desapariciones y, en el colmo, la mayoría en el Senado pidió la destitución de Olivier de Frouville, presidente de ese comité de la ONU.
Lo primero que debemos tomar en cuenta, es que el Comité de Desapariciones Forzadas no actúa oficiosamente sino a partir de las peticiones de acciones urgentes, y lamentablemente nuestro país encabeza la lista con 681 de las mil 835 que se han presentado desde 2012, seguido de Irak con 608 y en un lejano tercer lugar se encuentra Colombia con 233, además de que la decisión de activar el mencionado procedimiento fue por consenso de las diez personas expertas que integran el CED, con base en las denuncias, la información que han recibido y las respuestas del Estado parte, en este caso de México.
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Ante las aproximadamente 127 mil personas desaparecidas –aunque la titular de Gobernación reconoció que no se conocen las cifras reales– y de las cuales se estima que 17% son niñas y niños, de los 72 mil cuerpos sin identificar y las más de 6 mil fosas clandestinas que se han localizado, no hay manera de ocultar que se trata de una crisis humanitaria de enormes dimensiones –como recientemente nos lo recordó lo descubierto en el rancho de Teuchitlán– por lo que, en vez de tratar de negar el problema con lo que además se invisibiliza a las víctimas, se deslegitima la lucha de sus familias y se perpetúa la impunidad como bien lo ha señalado Amnistía Internacional, así como de arremeter contra la ONU, es indispensable partir de su reconocimiento, escuchar a las víctimas y enfocar todos los esfuerzos para su debida atención.
Es cierto que el fenómeno de las desapariciones no inició en este o el anterior sexenio, viene de tiempo atrás y tampoco se acusa que estas sean ordenadas desde las más altas esferas del gobierno federal. Pero es un hecho que durante la pasada administración federal se registraron más de 50 mil desapariciones –por mucho la cifra más alta en la historia–, que fue desmantelada la Comisión de Búsqueda y se intentó manipular el Registro Nacional, que cuando menos en casi la mitad de los casos (47%) se ha señalado el involucramiento de elementos de cuerpos de seguridad, fuerzas armadas u otras autoridades, y que las personas buscadoras han sido ignoradas, amenazadas, atacadas e incluso asesinadas, siendo la última Teresa González Murillo quien participó en el hallazgo de Teuchitlán. La madre buscadora Cecilia Flores lo dice con toda claridad “si todo el tiempo que dedican a defender la barbarie, lo ocuparan en defender a nuestros desaparecidos, no nos faltaría nadie”.