El pasado martes 25 de marzo, es decir, en pleno Día Naranja en el que cada mes se busca generar conciencia e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, el grupo mayoritario en la Cámara de las y los Diputados junto con el PVEM y sorpresivamente el PRI –aunque no tanto pues se rumora de un oprobioso acuerdo con su dirigente nacional–, rechazó la solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, quien fue denunciado por su media hermana por intento de violación, con el argumento de que la carpeta presentada por la Fiscalía de Morelos estaba mal integrada.
Hay que decir que esta es solo una de las muchas acusaciones que se han hecho sobre el ex gobernador, quien se dio a conocer por su carácter impulsivo y violento desde sus tiempos de futbolista. Recientemente se difundió un video en el que su esposa pide ayuda después de que presuntamente la golpeó en su casa, además de los diversos señalamientos por corrupción incluso por la actual gobernadora de Morelos, pero probablemente sea la más grave.
De lo que se trataba no era de que se resolviera sobre la culpabilidad o inocencia de Cuauhtémoc Blanco, pues eso le corresponde al poder judicial, únicamente tenían que determinar si se le retiraba el fuero –que se supone iban a eliminar desde 2018– para que pudiera ser procesado pero, como no fue así, el proceso penal en su contra queda suspendido en tanto ocupe el cargo de diputado, lo que en palabras llanas significa que le garantizaron impunidad cuando menos hasta 2027, además de que existe la posibilidad de que apoyen su reelección o le aseguren una diputación local para que siga protegido.
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En algún momento parecía que se estaba gestando una rebelión de las diputadas de Morena para romper con el pacto patriarcal y votar en alianza con sus compañeras de los demás grupos parlamentarios para impedir la impunidad, con lo que hubieran alcanzado la mayoría absoluta dando un potente mensaje de cero tolerancia a la violencia sexual contra las mujeres, pero una vez más se impuso la línea y la conveniencia política por encima de sus supuestas convicciones, de la sororidad, del más elemental sentido de justicia. Ni siquiera prosperó la petición que le hicieran legisladoras de su propio partido para que pidiera licencia y se presentara ante la Fiscalía sin estar protegido por el fuero.
No es la primera vez que se protege a un político acusado por delitos sexuales y todo indica que, desgraciadamente, tampoco será la última. Lo que sucedió el martes es un duro golpe no solo contra la presunta víctima de Cuauhtémoc Blanco a la que invisibilizaron y negaron la posibilidad siquiera de ir a juicio, sino contra las decenas de miles de víctimas, contra la lucha por la igualdad de género y a su derecho a vivir libres de violencia.
La imagen de diputadas rodeando a Blanco en la máxima tribuna del país y coreando “no estás solo” como si él fuera la víctima es de lo más ofensiva, como también lo es que les hayan negado la palabra a diputadas incluso de Morena que la solicitaron, entre quienes estaba la presidenta de la comisión de igualdad de género, y se le haya permitido hablar al denunciado quien no estaba en la lista de oradores.
Ni que decir de su intento de descalificar a su media hermana porque pasaron 6 meses para que denunciara, como si no se supiera lo difícil que es para una víctima asimilar lo que pasó y vencer el miedo, la vergüenza, muchas veces también el estigma social además de la desconfianza en las autoridades para atreverse a acudir ante la Fiscalía. Hay que entender que este no es un asunto de partidos o preferencias políticas, los agresores deben ser repudiados y llevados ante la justicia sin importar su origen partidista, el cargo que ocupen, su poder político o económico. Urge poner un alto a la violencia contra las mujeres, poner un alto a la impunidad.